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Juan Velarde

Reflexiones sobre un obligado futuro

La reforma seria de todo esto exige el que nos mantengamos en el área del euro. La alternativa sería un hundimiento de nuestra economía en medio de una colosal fuga de capitales, y una fuerte inflación obliga a medidas muy costosas.

Juan Velarde
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La reforma seria de todo esto exige el que nos mantengamos en el área del euro. La alternativa sería un hundimiento de nuestra economía en medio de una colosal fuga de capitales, y una fuerte inflación obliga a medidas muy costosas.

Comencemos por un obligado aserto: la situación económica española no sólo es preocupante, sino que se debiera iniciar su análisis aceptando, por su justeza, esta frase del profesor Lagares, en su artículo Tiempo ya de cerrar una pésima etapa: "A los economistas, cuando ya hemos descrito hasta la saciedad las medidas de política económica que debieran adoptarse con urgencia, sólo nos queda señalar los graves riesgos que comporta prolongar un año más esta situación de interinidad".

Esto se provoca por un cuádruple enlace. En primer lugar, en una economía que, con los datos de 2009 a través de la fórmula (X+M) x 100/ Y, siendo X las exportaciones de bienes y servicios, M las importaciones análogas, e Y el PIB, y los datos básicos ofrecidos por el World Bank Atlas del Banco Mundial y por las Estadísticas Financieras Internacionales del FMI, sin dejar a un lado las normas de la OCDE, muestra que España tiene una economía más abierta que países tan significativos como Australia, Brasil, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Japón o Rusia. Por lo tanto, el actual enfriamiento económico mundial, le afecta mucho.

En segundo lugar, esa situación empeora, al no ser la nuestra una economía competitiva. Para comprender las causas de la permanencia de esa realidad debe indicarse que parece que se ha abandonado en España la idea de disponer de una energía barata, especialmente urgente por su alto grado de intensidad energética, como mostró de modo incontrovertible Fernando Becker en su discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores, a lo que se añade el altísimo grado de dependencia de energía primaria de importación, en torno al 80%. Añadamos el retraso a la flexibilización del mercado del trabajo. Eso está detrás de la frase del gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, quien señaló que "el crédito no se recuperará sin reforma laboral". Frase que tiene el respaldo del profesor González-Paramo, quien manifestó su asombro por el retraso de ésta, indicando que era urgente alterar el sistema de las relaciones laborales españolas, porque el nuestro es el "más ineficiente e injusto del mundo occidental". Pero parte de ese retraso tiene sus raíces en esta indicación perfecta del profesor Carlos Sebastián en su artículo Mercados de trabajo y de créditos tomando como pretexto otro de F. Durán. "La pretensión de que la reforma de la negociación colectiva sea acordada por las cúpulas sindicales y patronales tiene escaso sentido", entre otras cosas "porque esas cúpulas derivan buena parte de su poder de la actual forma de la negociación colectiva, por lo que una reforma en profundidad entra en colisión con sus intereses".

Impresiona la división del mercado español a causa de las decisiones intervencionistas de las diversas autonomías, con sus lógicas consecuencias para que disminuya la competitividad. Y a ello habría que agregar el sistema de reparto para financiar las pensiones, o los datos que exhibe Sánchez Asiaín sobre nuestra realidad en I+D+i, o esa colocación de España entre Kuwait y Kasajstan, que aparece en la publicación Doing Business 2011 del Banco Mundial, en relación con los frenos a la actividad que crea el aparato institucional español. La consecuencia de reacciones negativas derivadas de todo esto, abruma a los que estudian nuestra economía. Y no debe dejar de recogerse, en relación con esta cuestión fundamental, lo que se dice en el análisis del Informe Mensual de "La Caixa": "El repunte de las presiones inflacionistas está dificultando las ganancias de competitividad de la economía española. Una buena muestra de ello la ofrece el índice de precios industriales, que refleja el crecimiento de los precios industriales cobrados por el fabricante. Los datos muestran que éstos siguieron su tendencia ascendente y subieron significativamente en el mes de febrero, ocho décimas hasta el 7,6% interanual, impulsados sobre todo por los bienes energéticos". En cambio, respecto a parte notable de nuestros posibles competidores, "el aumento de los precios industriales durante los últimos meses en el promedio de la zona del euro fue más pausado. En el mes de febrero, concretamente, la tasa de crecimiento interanual fue un punto menor en la zona del euro que en España".

A esto ha de agregarse en tercer lugar, un sistema crediticio que, tentado por la burbuja inmobiliaria, y también –caso de parte considerable de las cajas de ahorros‑ de influencias del sector público, fue poco vigilado por el Banco de España, por lo que ahora su reordenación parece más difícil, aunque obligada, y que, de momento, no concluye de recuperarse. La sombra irlandesa siempre asusta.

Finalmente, cuarto problema, no es agradable la situación del sector público. Por un lado, impresiona el incremento de las empresas públicas en autonomías y municipios. La preocupación en este sentido aumenta tras la lectura del artículo de Roberto Fernández Llera y Eloy Morán Méndez, Reacciones fiscales de las Comunidades Autónomas ante una crisis global, aunque realmente acaba de aparecer y los datos básicos llegan hasta 2010. Simultáneamente escalofrían los datos del déficit del sector público en 2009 y 2010, que en 2011 no parece que se rectifican radicalmente, sobre todo por la realidad autonómica. Sobre ella es imprescindible consultar el trabajo realizado por Freemarket Corporate Intelligence, que dirige el excelente economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, titulado Una estructura territorial insostenible: las autonomías y los ayuntamientos después del 22-M. De él son estos párrafos:

El sistema de financiación autonómico ha permitido a los ejecutivos regionales gastar lo que considerasen oportuno, sin tener que ingresar lo necesario para cubrir ese gasto. Esto ha deteriorado sus incentivos para mantener y/o alcanzar la disciplina fiscal y financiera. Ello es en gran medida consecuencia de la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2004, que suprimió la obligación de que las autonomías y los ayuntamientos cerrasen sus ejercicios presupuestarios anuales en equilibrio y debilitó de manera sustancial los límites que esa normativa imponía a su capacidad de recurrir al endeudamiento.

La reforma seria de todo esto exige el que nos mantengamos en el área del euro. La alternativa sería un hundimiento de nuestra economía en medio de una colosal fuga de capitales, y una fuerte inflación obliga a medidas muy costosas. Pero hacerlo obliga de inmediato –recordemos lo que supuso en 1925, en el terreno social, a Gran Bretaña, su vuelta al patrón oro– a una reordenación a la baja, de salarios y prestaciones sociales, como sucedió en 1959. La alternativa a no hacerlo es más paro y miseria creciente. Es la dura opción que pretenderán ignorar los ingenuos que, por ejemplo –véase el artículo de Juan Manuel de Prada, Salarios y productividad: "Ligar salarios y productividad es radicalmente anticristiano. Para León XIII, esto suponía un gran crimen"– atacan la vinculación de los salarios a la productividad.

Juan Verlarde es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid.

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