Está visto que el Tribunal Constitucional está decidido a que en la Generalidad de Cataluña no falte el papel higiénico. Cuando los gobernantes nacionalistas todavía no han acabado de gastar para esos menesteres la sentencia del Constitucional que tan escasamente recorta el estatuto soberanista catalán, o la sentencia del Supremo que pretendía que el castellano también pudiese ser lengua vehicular de la enseñanza, va nuestro Alto Tribunal y dicta una nueva sentencia que, rechazando un recurso del Parlamento de Cataluña contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2011, avala la facultad del Gobierno central de poner topes al gasto y al endeudamiento autonómico.
Que esta sentencia también está destinada a limpiar el trasero de los gobernantes autonómicos –no sólo los nacionalistas– es aun más evidente por cuanto ahora ni siquiera existe una Ley, sino un mero Plan de Estabilidad que simplemente informa de cuáles deberían ser los déficits autonómicos para que el conjunto de las Administraciones Públicas cumplieran con Bruselas. De nada sirve que el Constitucional reconozca al Estado su facultad para establecer topes de gasto de obligado cumplimiento a las autonomías, si luego el Gobierno no se atreve a ejercer esa facultad o a castigar a quien incumpla esos topes legales.
En este sentido, se supone que del Consejo de Política Fiscal y Financiera deberían haber salido unos topes que con carácter legal impidiesen a los gobiernos regionales proseguir su descontrolado déficit y endeudamiento. Pero lo que ha salido de esa bochornosa reunión –en realidad dedicada únicamente a ver cómo las autonomías devuelven lo que recibieron de más del Estado en 2009– es la oferta de Salgado de que acudan a un crédito con el ICO para pagar dicha deuda. Es decir, que se endeuden para pagar lo que deben. En cuanto a topes de gasto, nada de nada; sólo unas inconcretas "reglas de gasto" que los gobernantes autonómicos se seguirán dando a sí mismos y que les ha llevado a la mayoría de ellos a incumplir sistemáticamente los objetivos de déficit autonómico contemplados en el Plan de Estabilidad.
Aunque haya ilustres analistas económicos que sostengan que, para poder reclamar más frugalidad a las autonomías, el Estado tiene que empezar por dar ejemplo, lo cierto es que ya en 2010 el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas se pudo cumplir gracias al Estado central y a pesar del descontrol de los Ayuntamientos y, sobre todo, de las Autonomías. Hoy mismo hemos sabido que el déficit de la Administración Central se ha reducido en un 18,9% hasta junio. Sin embargo, todo parece indicar que las autonomías, que gestionan las dos terceras partes del gasto público, van nuevamente a poner en riesgo los compromisos adquiridos con nuestros socios comunitarios.
Y es que no se trata de que los Ejecutivos regionales "se aprieten todavía más el cinturón". No, qué va. Lo que pretendemos algunos es que se lo pongan y no sigan gastando a calzón quitado como si la crisis económica no fuera con ellos. Han sido las autonomías, y no el Estado central, las que han seguido contratando funcionarios a mansalva. Así, su nivel de endeudamiento ha pasado de los ya preocupantes 63.000 millones de euros a comienzos de 2008 a los 121.000 millones en abril de este año.
No pretendo quitar responsabilidad de este clima de desbarajuste al Gobierno de Zapatero, ni poner sordina a los pufos ocultos con los que se han encontrado los nuevos gobernantes autonómicos del PP. Pero hay gobiernos que ya estaban en manos de los populares, como la Comunidad de Valencia o Murcia, o Ayuntamientos como el de Madrid, corresponsables de que la prima de deuda española se haya disparado. Mucho ojo, pues, que en esto del descontrol presupuestario hay socialistas en todos los partidos.