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Soberanía por correspondencia

Es urgente que este Gobierno de la champions league de la economía y la nación discutida y discutible sea sustituido por otro que recupere la soberanía nacional.

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La crisis del euro ha tenido dos consecuencias graves: el llamado riesgo moral y la volatilización de la soberanía. La vulneración del tratado europeo, que prohíbe tanto los rescates como la compra de deuda por el BCE, incentivadores de comportamientos financieramente insostenibles. Y la subsiguiente transferencia del poder de decisión a quien efectúa el rescate o adquiere los bonos. Ambas son el fruto maduro, podrido, del consenso socialdemócrata.

El deseable santo temor del déficit era un dogma liberal clásico que el partido todavía gobernante no había sabido abrazar. Hubo incluso un tiempo no lejano en que consideraba el superávit "inmoral" por no gastarse en "políticas sociales". Ahora cosechamos el resultado de esa generosidad, con el dinero del vecino.

El 4 de agosto, tras dispararse los intereses que pagan españoles e italianos por su deuda, el BCE remitió al Gobierno de España una carta. Todo apunta a que una de las condiciones para rebajar ilegal, artificial y temporalmente el precio de los bonos era la reforma constitucional que ahora saca de la chistera quien en su momento destruyó las garantías anti-deficitarias de la ley de equilibrio presupuestario de Aznar.

Los países del euro tienen tres opciones. Una, adoptar medidas no previstas en los tratados tendentes a la llamada unión fiscal o la constante transferencia de fondos desde los países acreedores a los deudores a cambio de extraordinaria austeridad en la periferia. Dos, la única ortodoxa de acabar con el riesgo moral de rescatar a los que se encuentran al borde de la quiebra, reestructurando en su lugar la deuda y recapitalizando bancos. Y tres, trampear, no decidiéndose ni por una ni por otra, propiciando quiebras y acaso una expansión masiva de liquidez, verbigracia, inflación.

La reforma constitucional que se propone por iniciativa ajena puede asemejarse a la declaración de la Constitución del 12 de que los españoles son justos y benéficos. Pero hay otra posibilidad, aunque las dudas sobre la localización en la Constitución y los términos de la cláusula son muchos, que se cumpla. Implicaría recortes tremendos en las cuentas públicas españolas vinculados a las partidas más significativas prestadas por las Comunidades autónomas –salvo que estas resulten excluidas de la limitación, lo que sería contraproducente– que perderían competencias por la vía de hecho: la carencia de fondos para ejecutarlas.

La autorización de los presupuestos –la previsión de ingresos y la fijación de gastos– está en el origen del parlamentarismo y de la soberanía nacional. Que la volatilización de la capacidad de decisión de los españoles suponga la adopción de una medida necesaria no la convierte en democrática ni fundada en convicciones. Es urgente que este Gobierno de la champions league de la economía y la nación discutida y discutible sea sustituido por otro que recupere la soberanía nacional. Y es aún más imperioso que esta abrace por sí misma el santo temor al déficit en lugar de las políticas socialistas que nos han hundido.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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