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Juan Ramón Rallo

Un fraude consensuado

Aprobaremos una norma que no sirve en absoluto para alcanzar su objetivo declarado. Vamos, un fraude en toda regla. Eso sí, un fraude consensuado. Albricias.

Juan Ramón Rallo
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Si alguna función podía tener una limitación constitucional al déficit era la de contener algo ese timo del tocomocho llamado keynesianismo, a saber, la idea de que lo único que necesitamos para salir de una crisis es un incremento del gasto, venga de donde venga y se destine a lo que se destine. El problema de las depresiones, sin embargo, no es que gastemos demasiado poco en general, sino que nuestros patrones de gasto, de producción y de financiación no son sostenibles; a saber, el crédito hipotecario en España no podía seguir creciendo al 20% anual y el sector de la construcción no podía continuar fabricando 800.000 viviendas al año. Y esto no se arregla empujando al Estado a que gaste en lo que sea, endeudándose todavía más y frenando los reajustes: si idénticas recetas las aplicáramos a una empresa que atravesara una crisis sectorial, rápidamente la abocaríamos a la quiebra.

Pero nada, que da igual. La reforma consensuada entre PP y PSOE no sólo deja al albur parlamentario la fijación del techo de deuda y de déficit (qué eficaz ha sido semejante norma en EEUU), sino que para más inri en el texto constitucional se exceptúan a las "recesiones económicas" como situaciones críticas en las que se pueden rebasar esos límites.

En teoría, PP y PSOE promueven esta reforma porque no quieren que se repita una situación tan desastrosa de las cuentas públicas como la actual, ¿no? Bueno, pues hagamos un un muy sencillo ejercicio de política ficción: supongamos que esta reforma ya hubiese estado vigente en 2004, cuando Zapatero llegó el poder. ¿Habría cambiado algo el devenir de nuestra crisis merced a la limitación constitucional del déficit? En absoluto; desde 2004 a 2007, momentos de aparente (y ficticia) prosperidad económica, el PSOE cuadró sus presupuestos con superávit. Llegó la recesión en 2008 y empezaron a aparecer los números rojos: más de 300.000 millones de euros de déficit en cuatro años que de nada han servido salvo para acercarnos a la suspensión de pagos (¡gran éxito de la estimulación keynesiana!). Todos y cada uno de esos déficits, por surgir en medio de una recesión, habrían contado con respaldo constitucional; y, además, los socialistas podrían haberlos convalidado en el parlamento de idéntico modo a cómo sacaron adelante en las Cortes todos los presupuestos que generaron esos déficits.

Moraleja: aprobaremos una norma que no sirve en absoluto para alcanzar su objetivo declarado. Vamos, un fraude en toda regla. Eso sí, un fraude consensuado. Albricias. Para que luego se nos diga que nuestros problemas proceden de que PP y PSOE no han arrimado el hombro. No, todo lo contrario: nuestros problemas vienen de que ambos partidos han estado de acuerdo en casi todo, de que no ha habido una oposición real a ninguna de las grandes políticas económicas que han arruinado a este país (ni al rescate de la banca, ni al simulacro de reforma del mercado laboral, ni al estímulo keynesiano del gasto, ni ahora a este timo de reforma constitucional). Consenso socialdemócrata, lo llaman. 

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en los centros de estudios OMMA e Isead. Es director del Instituto Juan de Mariana.

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