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Septiembre será clave para el futuro de Merkel y la supervivencia del euro

La canciller alemana carece de apoyo suficiente para aprobar la reforma del Fondo de rescate. Sus socios exigen la expulsión de países de la moneda común.

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Termina agosto y da comienzo un mes crucial para el futuro político de la canciller germana, Angela Merkel, e incluso la propia supervivencia del euro. Septiembre será clave por dos motivos: en primer lugar, el Tribunal Constitucional (TC) germano dictará sentencia sobre la participación de Alemania en las ayudas para el rescate de Grecia el próximo 7 de septiembre; en segundo lugar, el Parlamento (Bundestag) deberá aprobar el próximo día 23 la reforma del Fondo de rescate europeo (EFSF, por sus siglas en inglés) acordada el pasado julio entre los líderes de la eurozona a raíz del segundo rescate griego.

Y el problema es que Merkel afronta en estos momentos una auténtica guerra interna entre sus propias filas y los socios de su Gobierno para sacar adelante su plan de rescate europeo.

El TC se pronunciará sobre una demanda presentada por un grupo de euroescépticos alemanes -varios de ellos profesores universitarios- encabezados por el político socialcristiano bávaro Peter Gauweiler. Los demandantes sostienen que la participación alemana en la ayuda a Grecia lesiona la potestad que, según la Constitución, tiene el Parlamento sobre el presupuesto nacional.

La decisión del TC

Los demandantes consideran que la ayuda a Grecia en particular y el plan del rescate del euro en general lesionan un principio del derecho europeo, según el cual los estados de la UE no pueden asumir deudas de otros países miembros. Asimismo, el constitucionalista Dieter Mursiwiek, que representa a Gauweiler en el proceso, sostiene que la compra de títulos de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo (BCE) viola la prohibición de que el banco central financie a los estados.

Es decir, el TC germano será el primero en pronunciarse, el próximo 7 de septiembre, acerca de la legalidad y legitimidad de todo el entramado diseñado por Bruselas para afrontar la crisis de deuda pública que sufre la zona euro. De hecho, Merkel ha cancelado el viaje oficial a Rusia que tenía previsto para esa fecha, dadas las implicaciones que podría tener dicha decisión jurídica. En las filas del Gobierno se espera que el Constitucional limite en su fallo la cuantía máxima de los rescates.

El voto crucial del Parlamento

Pero el TC no será el único en pronunciarse. El próximo 23 de septiembre el Parlamento germano deberá otorgar luz verde a la reforma del actual Fondo de rescate, tal y como se planteó en la cumbre de los líderes de la eurozona del pasado 21 de julio. Y la cuestión es que, hoy por hoy, Merkel carece de los votos suficientes, tras el creciente rechazo que está generando este plan entre sus propias filas.

El Consejo de Ministros alemán aprobó este miércoles la reforma del Fondo para aumentar el volumen disponible para préstamos que puede conceder a los países con dificultades financieras y permitir la compra de bonos soberanos. El Fondo contaría así con 440.000 millones de euros a su disposición y los estados de la zona del euro deberán aportar en garantías 780.000 millones de euros, de los que 211.000 millones provendrían de Alemania (27%). Sin embargo, el plan sigue precisando de la aprobación del Parlamento, tal y como establece la Constitución alemana.

La coalición de Gobierno Merkel -formada por el CDU, el CSU y los liberales del FDP- se asienta sobre una mayoría de 20 diputados extra en el Parlamento. Según la revista Focus, hasta 23 miembros de sus propias filas votarían en contra de la reforma, incluyendo 12 de los 44 miembros de los socialcristianos (CSU), con lo que no se alcanzarían los 311 votos precisos.

Merkel dependería entonces del apoyo en bloque de los partidos de la oposición para sacar adelante la votación, con el lógico riesgo de que colapse o se rompa su propia coalición, lo cual conllevaría un adelanto electoral -la cita con las urnas está fijada inicialmente para otoño de 2013-.

"Espero que consiga el respaldo mayoritario de su coalición ", según advertía Gerd Langguth, politólogo de la Universidad de Bonn y biógrafo de Merkel. Y es que, "si el apoyo no es suficiente, Merkel se vería obligada a dimitir. Eso generaría una crisis. Nadie está interesado en adelantar las elecciones". No en vano, aunque la reforma cuente con el respaldo de la oposición, ello sería interpretado como el inicio de un cisma político en el seno de su coalición.

Pero el rechazo de una parte de sus filas a la ampliación del Fondo, su utilización para comprar deuda periférica o la creación de eurobonos es frontal. El director del Fondo, Klaus Regling, advierte de que la "histeria se está extendiendo por Alemania".

La canciller sigue sin convencer a algunos destacados miembros de su grupo parlamentario ni a sus socios de Gobierno, y en los últimos días viene manteniendo una apretada agenda de reuniones internas para lograr el necesario respaldo.

Por un lado, su ministra de Trabajo, la cristianodemócrata Ursula von der Leyen, exigió el empleo de reservas de oro u otros activos que sirvan de colateral para prestar dinero a otros países de la zona euro, en línea con lo que defiende Finlandia. Esta medida fue rechazada posteriormente por Merkel.

Por otro, varios parlamentarios del CDU han expresado su interés en que el Bundestag tenga una mayor capacidad de decisión en las actuaciones del EFSF de la que tiene en la actualidad: desean que el pleno sea informado y decida por votación en cuestiones esenciales, como la aprobación de nuevos instrumentos financieros o ayudas financieras para países concretos. El rechazo se fundamenta, sobre todo, en la consideración de que el paraguas de rescate crearía, de facto, un mecanismo de transferencias automáticas a los países sobreendeudados.

El CSU exige la expulsión de países

Además, los socialdemócratas acordaron un documento el pasado lunes en el que exigen la implantación de un mecanismo de quiebra de países, hasta el punto de que los socios que violen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (déficit máximo del 3% y deuda del 60% del PIB) puedan ser expulsados de la zona euro.

Los socialcristianos rechazan que se otorguen garantías dentro de la eurozona de forma duradera e ilimitada, y en su lugar piden que se posibilite "el proceso de suspensión de pagos para países y bancos". Así, "si un Estado miembro no está dispuesto a cumplir de forma duradera con los criterios de convergencia, existe la posibilidad de abandonar la eurozona", indica la moción.

Además, rechazan "de plano que se socialicen las deudas, lo que ocurriría con la emisión de eurobonos", según indicó el secretario general de la CSU, Alexander Dobrindt, uno de los autores del documento. En el documento, la CSU advierte de que la ampliación del fondo abre "la puerta de par en par a una unidad de riesgo y responsabilidades", e insta al Gobierno a que "haga uso de su posibilidad de veto" para que no se llegue a "eurobonos, un Fondo Monetario Europeo ni una unión duradera de transferencias". 

No al "Gobierno económico" y al BCE

Por si fuera poco, la resistencia en contra de la idea de un gobierno económico europeo -ideada por Francia y Alemania- sigue creciendo entre los miembros de la coalición. Horst Seehofer, primer ministro bávaro y presidente del CSU, subrayó que rechaza claramente esta idea. El Partido Liberal (FDP), socio minoritario de la coalición, también expresó su oposición a través del jefe de su grupo parlamentario, Rainer Brüderle. "La crisis del euro no se resuelve nombrando una especie de ministro de Finanzas europeo", dijo Brüderle.

Incluso dentro de la propia CDU hay voces contrarias a este plan. Así, el vicepresidente de su grupo parlamentario, Wolfgag Bosbach, rechaza el traspaso de más competencias económicas a Bruselas. "Tenemos un problema enorme con la deuda y no podemos permitirnos tener además un problema de legitimidad democrática".

Mientras, arrecian las críticas a la compra de bonos por parte del BCE. No es la primera vez que el Bundesbank (banco central germano) carga contra Trichet por este motivo. Asimismo, Joahannes Singhammer, líder del grupo parlamentario del CSU, acusó al BCE de actuar "peligrosamente". Hasta el propio presidente de Alemania, Christian Wulff, se mostró contrario a esta política monetaria, tras denunciatr que Trichet está yendo "demasiado lejos" con la compra de bonos españoles e italianos.

La presión de las encuestas

En definitiva, Merkel está inmersa en una guerra interna con múltiples frentes abiertos tras seis largos años al frente del Gobierno germano. Todo ello está minando su liderazgo político: el partido que preside (CDU) apenas cuenta con un 30% de apoyo electoral en las encuestas. Su declive se aceleró a partir del pasado marzo, tras su drástico cambio de rumbo en política energética -anunció el cierre de centrales- a raíz de la crisis nuclear de Fukushima (Japón), la abstención de Alemania en la ONU para aprobar la intervención militar el Libia y el creciente rechazo político y electoral al rescate de socios comunitarios.

Así pues, septiembre será un mes clave para el futuro político de Merkel, pero también para el euro. Y es que, si la canciller cae, se dispararán aún más las dudas acerca del respaldo alemán a los socios más débiles de la eurozona. Y la cuestión es que sin Alemania, simplemente, no hay rescate posible.

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