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Las 'mini embajadas' autonómicas en Bruselas: ¿derroche o necesidad?

El gesto de Cospedal de cerrar la "embajada" de Castilla-La Mancha en Bruselas pone sobre la mesa el coste y la utilidad de estas representaciones.

Los vientos de austeridad que, por obligación o convicción, soplan en las administraciones públicas han dejado al descubierto la sangría de gastos en que incurren las Comunidades Autónomas en Bruselas. Desde los 80.000 euros mensuales que cuesta sólo el alquiler del despliegue catalán en pleno barrio europeo, a las abultadas plantillas que, en varios casos, supera la veintena, pasando por los jolgorios de vino y croqueta que celebran las distintas oficinas regionales en fechas destacadas. Sin embargo, desde numerosas capitales autonómicas argumentan por qué "estar en Bruselas es una inversión".

Tras la declaración de guerra, tijera en mano, de Cospedal al despilfarro regional y el anuncio de la supresión de la representación de Castilla-La Mancha en Bruselas, las oficinas autonómicas en la capital europea están en el punto de mira. Aunque en los últimos años la crisis ha obligado a recortar presupuestos, algunos datos siguen siendo escandalosos.

El derroche más visible comienza en los locales donde ejercen las labores de representación. A pocos metros del edificio donde se cocinan las decisiones de los Veintisiete, un bajo de 1.000 metros cuadrados y dos pisos de oficinas promocionan la marca Cataluña. Al otro lado del parque, en un lujoso barrio residencial, Castilla y León campa a sus anchas en una casa de varias alturas. Y tampoco están lejos los amplios apartamentos de la Junta de Galicia, o la Comunidad de Madrid, ni la ikurriña con su rótulo en inglés y euskera del País Vasco.

Son, en fin, auténticas "mini embajadas" desde las que las CCAA tienden sus tentáculos a las instituciones europeas, siguen la legislación comunitaria que afecta a su región, o ejercitan su particular márketing regional desde el corazón de la ciudad donde se decide el 70 por ciento de las leyes que afectan a los españoles.

Las plantillas también dan una pista del presupuesto que invierten las CCAA en su "chiringuito" comunitario. Una delegada y 8 funcionarios, con un presupuesto de 1,28 millones de euros para 2011, son los recursos del Gobierno vasco para, por ejemplo, como explican desde la oficina, "promocionar a San Sebastián como capital cultural, defender los intereses de Euskadi, o asesorar a los distintos departamentos del Gobierno".

La casa de la Xunta en Bruselas, bautizada Fundación Galicia-Europa, financiada con dinero público y privado, emplea a 7 trabajadores y maneja un presupuesto de 714.534 euros (422.355 son gastos de personal). Andalucía, para promocionar su comercio en el exterior o, sobre todo, negociar la Política Agraria Común, dispone de casi medio millón de euros al año y una plantilla de 14 personas.

El coste de no estar

Pese a los números, no faltan los críticos con la clausura de oficina anunciada por Cospedal. Y no sólo en Bruselas. Ya cuando José María Barreda, el predecesor de la presidenta manchega, anunció su intención de cerrar la oficina, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le replicó que dejara "a cada uno arreglar su casa".

Los menos partidarios de cerrarle el grifo a estas dependencias aluden al "coste de no estar en Bruselas", porque, como argumenta María Lozano, la delegada de la modesta representación navarra, "aquí está todo el mundo". Tanto desde ésta como desde otras oficinas defienden su existencia como una herramienta para captar financiación europea para proyectos, por ejemplo, de I+D, formar personal o reforzar su presencia en el proceso legislativo.

En realidad, en las 17 representaciones, se pueden encontrar varios modelos. Las hay totalmente alejadas de la sociedad civil y estancadas en el privilegio institucional, y las hay que se financian gracias a la participación de la industria y otros actores interesados en la labor que desempeñan. Desde la sede de una Comunidad Autónoma en la capital europea, una fuente que prefiere no identificarse sostiene que "no se puede medir por el mismo rasero a la oficina que dedica sus recursos a llevarle el maletín al consejero de turno, y cuyo director ni siquiera vive en Bruselas, que a la que dedica sus recursos a hacer buenos papeles y a trabajar en serio".

Desde la veteranía de veinte años dedicados a establecer lazos entre su región y la Unión Europea, este español confiesa a LD que está "horrorizado" con la medida anunciada por Cospedal. Aunque se reconoce afín ideológicamente a la política manchega y comparte los criterios de austeridad en el gasto público, explica con vehemencia que "hay mucho dinero en Bruselas que España no acaba de aprovechar".

"Lo que habría que valorar, en realidad, es qué se recibe a cambio del trabajo bien hecho", asegura. Por ejemplo, la oficina de Valencia, según recoge un informe interno, ha logrado recaudar 93 millones de euros para proyectos en su Comunidad en los últimos 7 años, mientras que su coste es de 500.000 euros anuales, según calcula una fuente de la Generalidad (otras prefieren no dar cifras en plena "fase de redefinición").

 

En cualquier caso, entre los defensores de la existencia de estas oficinas también los hay que reconocen que se puede hacer lo mismo con menos recursos. Uno de sus directores se une a las críticas contra el despilfarro. "Fíjate que a mí siempre se me ha criticado que no hacemos fiestas", bromea mientras defiende un trabajo serio al mínimo coste posible.

Un dispendio no sólo "made in Spain"

Más de 250 representaciones de todos los países, también extracomunitarias, como la de una región croata o de Estambul, han querido recortar kilómetros con la capital donde se cuece buena parte de la legislación nacional. Baviera, Sicilia, Baden-Würtemberg... Muchos de sus palacetes compiten en esplendor y solapan funciones con las embajadas nacionales, mientras que sus Gobiernos sudan para recortar gastos.

El derroche público y los gestos de mal gusto en las administraciones, en contraposición a la crisis que estrangula a los ciudadanos, han encendido la polémica en los últimos tiempos. Sin embargo, es improbable que todas las Comunidades Autónomas sigan el camino de María Dolores de Cospedal y supriman su antena en Bruselas.

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