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EDITORIAL

Grecia, la historia interminable

Hay que dejar claro a los políticos derrochadores que su irresponsabilidad tendrá consecuencias. Sólo así podrá comenzar a escribirse el capítulo definitivo de esta historia interminable en la que se ha convertido la crisis griega.

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El Gobierno griego ha admitido este lunes que incumplirá el objetivo de déficit del 7,6% del PIB que se había marcado para 2011 y que era uno de los requisitos establecidos por la troika –Comisión Europea, FMI y BCE– para dar salida al siguiente tramo del rescate al país heleno. La noticia, aunque esperada, es muy preocupante y ejemplifica el tipo de política que ha llevado al país heleno al borde del precipicio: ni siquiera en esta situación de extrema gravedad es capaz de cumplir con sus compromisos. Y es que quienes defienden que se mantenga el calendario de rescate por el peligro de que una quiebra en Grecia ponga en riesgo más de medio siglo de construcción europea no deberían mirar hacia Alemania, Holanda o Finlandia. Esto no es consecuencia de la cicatería de estos países sino de la irresponsabilidad de los políticos griegos.

Aparentemente, podría parecer que la solución más fácil es entregar esos 8.000 millones a Atenas. De hecho, el Ejecutivo heleno ya ha hecho las consabidas promesas de contención del gasto y ha asegurado que llegarán nuevos ajustes, todo ello con el objetivo de ablandar los corazones de sus socios comunitarios. Pero si Grecia no ha cumplido hasta ahora, no hay ninguna razón para que esto vaya a cambiar si se le sigue entregando dinero cada vez que se encuentre con el agua al cuello.

Pese a la retórica victimista del Gobierno de Yorgos Papandreu, no es cierto que se estén tomando todas las medidas posibles para enderezar las finanzas del país. El Estado heleno mantiene activos por valor de 300.000 millones de euros. El Proyecto Eureka, conocido en los últimos días y que ya maneja el equipo de Angela Merkel, no sólo serviría para reducir la asfixiante presencia del Estado en la economía griega, sino que llevaría el nivel de deuda pública a un manejable 85-90% del PIB. Tampoco es para tanto el paso a la reserva de 30.000 funcionarios. Es saludable que se rompa de una vez el mito de la inviolabilidad del puesto del trabajador público, pero el recorte apenas afectará al 4% de los casi 750.000 empleados que tienen las administraciones en este país de apenas 11 millones de habitantes. Y ni siquiera serán despidos: simplemente se ha anunciado su paso a la reserva, manteniendo el 60% de sus ingresos.

En esta situación, este martes se reúne el Ecofin, con el objetivo de decidir si se entrega a Atenas el dinero que precisa para no quebrar este mismo mes. Es necesario que se tome una decisión cuanto antes. Los gobiernos europeos llevan varios meses mareando la perdiz, permitiendo que la incertidumbre se instale en los mercados y retrasando la solución a una crisis que empeora día a día en gran parte por la falta de una salida clara.

Llegados a este punto, es inevitable admitir la bancarrota parcial del país heleno (dentro o fuera del euro), por lo que no queda otro remedio que asignar cuanto antes las pérdidas entre sus acreedores y conocer así la magnitud de la catástrofe, por dolorosa que ésta sea. Al mismo tiempo, hay que presentar y aplicar sin demoras un plan de ajuste consistente, que ponga de una vez por todas las finanzas griegas en el camino de una recuperación real. Y hay que dejar claro a los políticos derrochadores que su irresponsabilidad tendrá consecuencias. Sólo así podrá comenzar a escribirse el capítulo definitivo de esta historia interminable en la que se ha convertido la crisis griega.


 

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