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La UE retrasa a noviembe la decisión definitiva sobre el rescate a Grecia

El Gobierno heleno admite que cuenta con fondos hasta mediados de noviembre y reconoce que tendrán problemas con el objetivo del déficit.

A mediados de septiembre las arcas públicas de Grecia ya estaban vacías. El gobierno estaba suspendiendo ya sus pagos por los graves problemas de liquidez. Las dudas sobra la situación económica griega se sucedían después de que el Gobierno de confirmara que no cumplirían su objetivo de reducción del déficit hasta el 7,6% del PIB en 2012.

En esas semanas de incertidumbre Grecia, como ahora, ya se encontraba al borde del colapso. De hecho, ni siquiera sus propios bancos financiaban al Estado. Los pagos de salarios y pensiones ya peligraban entonces. Finalmente, Grecia deberá esperar posiblemente hasta noviembre para percibir otro tramo de ayuda financiera que necesita para mantenerse a flote, a la espera de que sus socios europeos decidan sobre un segundo paquete de rescate y ahora  el ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, afirma que Grecia cuenta con fondos hasta mediados de noviembre para cubrir sus obligaciones, pero puede tener dificultades para cumplir con sus nuevos objetivos de reducción del déficit.

"Podemos tener problema para alcanzar el objetivo de cerrar el déficit en el 8,5 % de PIB este año. Está en nuestras manos, del Estado y de los ciudadanos alcanzar ese objetivo", dijo Venizelos en una rueda de prensa en Atenas tras una reunión del Eurogrupo ayer en Luxemburgo.

Venizelos declaró que Grecia no tiene "ningún problema (de liquidez) hasta mediados de noviembre", después de que sus socios de la eurozona decidieran posponer la decisión de liberar el sexto tramo de ayuda de 8.000 millones de euros. La bolsa de valores de Atenas se desplomó este martes y cerró a la baja, un 6,28 % y con fuertes pérdidas en la banca, de hasta el 10 %, dejando el índice ASE al nivel de hace 18 años.

El pasado domingo, tras una semana de negociaciones con la troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), el Gobierno anunció nuevas medidas de austeridad que deberán reportarle unos 7.110 millones de euros, informa EFE.

La troika debe elaborar un informe sobre los esfuerzos de Grecia y los progresos alcanzados para corregir sus cuentas, aunque las perspectivas son muy poco alentadoras, porque se teme que la deuda pública suba al 172 % del PIB en 2012, pese a las medidas de ahorro.

Grecia se vio obligada a apretar aun más el cinturón de sus ciudadanos, tras constatar que hay un nuevo agujero en el presupuesto estatal de 4.500 millones de euros para este año.

Al elaborar el borrador del presupuesto para 2012 el pasado domingo, el déficit para 2011 se fijó en el 8,5 % del PIB, en vez del 7,6 % previsto en un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la troika hace meses, lo que ha presionado a Atenas para que recorte más el gasto público.

Ante esa delicada situación, Venizelos descartó otras medidas adicionales de austeridad, pero puntualizó la importancia de aplicarlas. A su vez, el vicepresidente del Gobierno, Theodoros Pangalos, reconocía en una entrevista al canal Sky que "se ha acabado la capacidad de los griegos de pagar más impuestos".

El desempleo subirá al 16,4 % en 2012, según los cálculos del presupuesto de 2012, debido a la contracción de la economía en un 5,5 % del PIB este año y un pronosticado 2,5 %, el próximo. Por otra parte, el sindicato de funcionarios públicos ADEDY ocupó este martes seis ministerios e impidió la entrada de los altos funcionarios a sus puestos de trabajo.

Este grupo protestaba por la pérdida de poder adquisitivo de un 40 % en los últimos dos años. El propio Venizelos fue víctima de las protestas y tuvo que celebrar la rueda de prensa sobre el Eurogrupo en un recinto distinto al ministerio al no poder entrar en su oficina.

Para mañana, los sindicatos mayoritarios han anunciado una huelga general de 24 horas, que puede paralizar el tráfico aéreo, los ferrocarriles, el sector público y la actividad comercial.

Las manifestaciones van contra la reducción inmediata de la plantilla en el sector público en un 3 % este año, contra los nuevos impuestos inmobiliarios y sobre carburantes, y contra la obligación de pagar impuestos a partir de los 5.000 euros de ingresos anuales en vez de los 12.000 euros actuales.

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