Y es que, cuando al sector público se le deja suelto, multiplica sus cabezas, sin considerar que el cerebro era ya escaso para la primera de ellas. En esto, no hay diferencias sensibles entre lo nacional –España es buena muestra de ello– o lo que se construye en un ámbito supranacional –caso de la Unión Europea– y no digamos del despilfarro que es de apreciar en la historia de las Instituciones internacionales –Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, FAO, etc.–.
Lo que acabo de decir no es para la autocomplacencia, a la luz de lo que ocurre en otros países o en otras Instituciones, siguiendo el viejo aforismo de que en todas partes cuecen habas, porque el caos de nuestra España, en lo económico, en lo político, en lo jurídico y en lo democrático, no tiene consuelo posible, pase lo que pase en el exterior.
Estas líneas de hoy quiero centrarlas en el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, señor Barnier, que está pensando prohibir a las agencias de calificación que publiquen sus valoraciones cuando afecten a entidades con problemas, de torpe gestión, y necesitadas de rescate para su supervivencia. La medida no puede ser más censurable, no sólo por lo que uno pueda pensar, sino ateniéndose a lo acordado en foros como el G-7, el G-20, el FMI o el Banco Mundial. El G-20, en su reunión de Washington DC el 15 de noviembre de 2008, concluyó en que una de las medidas que reclamaba el sistema financiero internacional era la mayor transparencia, pues la crisis fue posible gracias a la opacidad de títulos y transacciones.
Bien es verdad que el señor comisario es francés y, como tal, lo del mercado, más aún si es competitivo, no le atrae en demasía; baste comprobar el nivel de proteccionismo de la economía gala, pese a su participación en los acuerdos para el libre comercio, especialmente los de la Organización Mundial del Comercio.
Lo primero que debería considerar el señor Barnier es que los productos financieros, en contra de los demás bienes, son muy poco transparentes por su invisibilidad, y por la dificultad de información suficiente que permita decisiones de los particulares acordes con sus voluntades. Las Agencias colaboran en proporcionar información que, deseándose anticipada, mejor tardía que inexistente. Lo que hay que pedir es que dediquen más medios para anticipar sus informes, a la vez que se penalice a quienes falsean datos contables para provocar el engaño.
Ocultar los datos, como pretende el comisario, es una forma de proteger al negligente, a quien defraudó la confianza depositada, a quien cometió irregularidades y hasta delitos en la gestión de los recursos ajenos. Las Agencias, si bien participaron por sus errores, no fueron las causantes de la crisis, como pretende el comisario; fueron los intermediarios financieros que, a sabiendas, obraron mal. Esos intermediarios, a los que el comisario quiere proteger con el silencio de las Agencias.