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Así castiga España a sus emprendedores

Mientras los partidos se disputan el discurso pro-pymes, el país sigue a la cola del mundo en facilidades para abrir un negocio.

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Si hay una palabra que no se les cae de la boca a Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba desde que comenzó la campaña electoral es "emprendedor" (aunque, curiosamente, casi nunca se les oye hablar de "empresarios"). Ambos candidatos compiten en sus alabanzas a aquéllos que se lanzan a la aventura de abrir un negocio y centran las perspectivas de futuro del país en función de la capacidad que tenga para arropar a estos valientes. Pues bien, si son realmente sinceros, los políticos españoles sabrán que les queda mucho trabajo por delante.

España sigue siendo uno de los países menos acogedores para los emprendedores. Pese a las teóricas buenas intenciones de los grandes partidos, abrir una empresa sigue siendo algo casi heroico, especialmente si se compara con otros países con Nueva Zelanda, Australia o Canadá. Según el informe Doing Business 2012, que elabora cada año el Banco Mundial, España está en el puesto 44 del ránking, bastante bajo y muy alejado del que ocupan otros países de la UE como Dinamarca (5º), Reino Unido (7º) o Irlanda (10º). Mientras, los países que están justo por delante y por detrás son Colombia, Puerto Rico, Ruanda y Túnez.

Pero si este puesto es negativo, estudiar los subíndices que conforman la clasificación puede llegar a dar miedo a quienes piensen en montar su empresa. De esta manera, en la lista titulada Comenzar un negocio España se sitúa en el puesto ¡133! de 183 países. Es una noticia que no sorprende: el año pasado, estaba en el 144º lugar. Esto quiere decir que, prácticamente, no se ha hecho nada en el último ejercicio para cambiar la dinámica.

¿Y cuáles son los datos que conducen a esta pésima posición? En España son necesarios 28 días, diez procedimientos y gastarse un 4,7% del PIB per cápita para abrir un negocio. Además, el capital mínimo que establece la ley para abrir una empresa equivale al 13,2% del PIB per cápita. Y en qué consiste esta decena de obligaciones con las que la Administración castiga a sus emprendedores (la lista de esta pesadilla burocrática la ha recopilado Diego Sánchez de la Cruz):

  1. Obtener la autorización de la denominación social en el Registro Mercantil.
  2. Presentar un certificado de haber depositado el capital social en el banco.
  3. Obtener la escritura pública con la información detallada de la empresa ante un notario público.
  4. Enviar la declaración censal de inicio de actividad y obtener el número de identificación fiscal por parte de la Delegación Provincial de la Administración Tributaria.
  5. Pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a la autoridad fiscal local.
  6. Archivar la escritura pública en el Registro Mercantil.
  7. Legalizar los libros de la compañía.
  8. Obtener la licencia municipal de apertura del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.
  9. Dar de alta a todos los trabajadores en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  10. Notificar a la Delegación Provincial de la Consejería autonómica correspondiente.

La importancia de todo esto en la creación de empleo es sustancial. En EEUU se han hecho varias estadísticas sobre el peso de las nuevas empresas. Como puede verse en el siguiente gráfico, la creación de empleo es parte fundamental de los nuevos negocios. Mientras las compañías ya establecidas pierden trabajadores de forma neta en la última década, son las recién llegadas al mercado las que crean la mayoría de los nuevos empleos.

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