Como los malos estudiantes, España e Italia han salido de la Cumbre del Euro celebrada este jueves con la cartera llena de deberes por no haber sacado buenas notas cuando correspondía. Puede que sus gobiernos se defiendan con el argumento de que peor están griegos o portugueses, y tienen razón. Sin embargo, lo anterior no es más que un triste consuelo.
Lo relevante es que ningún otro país de la Eurozona es nombrado en el texto del comunicado final aprobado en la madrugada del jueves. Las menciones se ciñen a los países intervenidos, a España e Italia. El lenguaje de la declaración es diplomático: "acogemos con satisfacción las medidas de España...", "celebramos los planes de Italia...".
Pero el mensaje es claro: los dos países tendrán que aplicar las medidas incluidas en el texto. No es casual que se cite a estos dos países ni que se les reserve un párrafo. Si en un documento pactado se incluyen este tipo de referencias, los gobiernos estarán obligados a cumplirlas. El Gobierno que salga del 20-N, posiblemente dirigido por Mariano Rajoy, tendrá la agenda marcada por lo acordado esta semana en Bruselas y su margen de maniobra será muy pequeño.
Todo esto dibuja un panorama muy complicado a medio plazo para España. Por un lado, habrá ajustes en el gasto público que, aunque seguramente necesarios, supondrán una reducción de ingresos importante para grandes sectores de población (funcionarios, pensionistas,...). Además, el plan de recapitalización de la banca europea restringirá el crédito disponible para familias y empresas. Como ha explicado este jueves Alberto Recarte en esRadio, tenemos por delante "una recesión de muy difícil salida" que se puede convertir en una "tragedia".
El párrafo dedicado a España
Acogemos con satisfacción las importantes medidas adoptadas por España para reducir su déficit presupuestario, reestructurar el sector bancario y reformar los mercados de trabajo y de productos, así como la adopción de una modificación constitucional sobre equilibrio presupuestario. Es esencial aplicar rigurosamente el ajuste presupuestario tal como fue previsto, incluso a escala regional, para cumplir los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y reforzar el marco presupuestario mediante el desarrollo de una normativa de rango inferior que haga que las enmiendas constitucionales sean plenamente operativas. Es necesario tomar más medidas para aumentar el crecimiento y reducir una tasa de desempleo inaceptablemente alta. Estas medidas deberán incluir mayores cambios del mercado laboral para aumentar la flexibilidad a nivel de empresas y la capacidad de inserción profesional de la población activa, y otras reformas para mejorar la competitividad, en particular ampliando las reformas en el sector de los servicios.
La agenda
Las medidas pactadas en la madrugada del miércoles obligarán de esta manera al nuevo Gobierno a seguir una agenda muy definida. La primera cuestión es que tendrá que aplicar un riguroso "ajuste presupuestario". Es decir que habrá que aplicar importantes recortes del gasto público.
Esto no se aplica sólo al Gobierno central. Los ejecutivos autonómicos tendrán sobre ellos la vigilancia de los líderes europeos. No es casual la mención a la "escala regional" y a su importancia para cumplir "los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento". Además, el texto hace referencia a la última reforma constitucional y pide "normas de rango inferior" para hacer plenamente operativas estas reformas.
Eso sí, lo más importante para España no es sólo el nivel de déficit o de deuda. En realidad, las cifras de deuda son más o menos manejables. El problema es que no se espera un crecimiento en los próximos años. Lo importante no es tanto lo que debe, sino que no hay previsiones de que pueda ingresar más de lo que gasta en los próximos años. Por eso, la UE exige reformas que cambien por completo el panorama económico español: "reforma laboral, aumentar la flexibilidad a nivel empresas, capacidad de inserción profesional, mejorar la competitividad y reformas en el sector servicios".
Italia: "calendario ambicioso"
Por lo que se refiere a Italia, los líderes de la eurozona celebran el plan de Roma y piden a Silvio Berlusconi que presente de forma "urgente" un "calendario ambicioso" para aplicarlas. En particular, se felicitan por el compromiso del Gobierno italiano de reformar la legislación laboral, en concreto las normas y procedimientos de despido, así como de revisar el sistema de seguro de desempleo a finales de 2011, "teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias".
Por lo que se refiere a la reforma de las pensiones, el Eurogrupo respalda el plan de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años en 2026 y pide a Italia que defina antes de fin de año cómo lograrlo. Finalmente, los líderes europeos piden a Italia un mejor uso de las ayudas regionales europeas, reducir la burocracia, acabar con las tarifas mínimas en los servicios profesionales y proseguir en la liberalización de los servicios públicos locales.