El Consejo de Ministros del Gobierno italiano aprobó el domingo el primer ajuste presupuestario del Ejecutivo de tecnócratas por un monto de 30.000 millones de euros. Sin embargo, la supuesta austeridad pública brilla por su ausencia. En realidad, el proyecto elaborado por el nuevo presidente de Italia, Mario Monti, se centra en subir los impuestos a los italianos y en endurecer la lucha contra la evasión fiscal.
Así, por un lado, de los 30.000 millones anunciados, apenas entre 12.000 y 13.000 millones se derivan de la reducción de gastos públicos, mientras que los restantes 18.000 millones de euros provendrán del aumento de impuestos (60% del total). Por otro, se aplicará un impuesto único del 1,5% para tratar de repatriar el capital que los italianos conservan en el extranjero y, sobre todo, el Gobierno tecnócrata de Italia prohíbe las transacciones en efectivo superiores a 1.000 euros (sólo será posible por vía electrónica) para fiscalizar así los movimientos de dinero en su territorio. Éstas y otras medidas fueron defendidas recientemente por importantes empresarios del país -hasta ahora el límite máximo estaba fijado en 5.000 euros-.
Según el citado plan, 20.000 millones de euros se destinarán a reducir el déficit y los otros 10.000 millones a impulsar el crecimiento económico, según el comunicado oficial. Así pues, Roma centra casi toda su atención en aumentar los ingresos públicos, una estrategia de ajuste presupuestario muy similar a la aplicada por Grecia.
Por el lado de ingresos, se establece un impuesto al patrimonio; otros impuestos sobre ciertos bienes de lujo, como automóviles de gran cilindrada, embarcaciones y aviones;
también contempla un aumento del IVA en dos puntos porcentuales a partir del septiembre de 2012 "solo en el caso que sea necesario; y la implantación de un impuesto "experimental" sobre la primera vivienda; eleva y extiende las tasas sobre todo tipo de productos financieros (desde cuentas corrientes hasta fondos); y el decreto, denominado Salva- Italia, apoyará además la propuesta de crear un impuesto sobre las transacciones financieras en sede europea.
Por el lado del gasto, el plan apenas se reduce a introducir ciertas modificaciones en el sistema público de pensiones: la jubilación en el sector privado lo obtendrán las mujeres a partir de los 62 años y los hombres a 66 años en 2012, con una penalización del 3% por año para los que se jubilen antes, mientras que la equiparación total de edades será de 66 años en 2018; aumenta el número mínimo de años cotizados para poder percibir la pensión anticipada, hasta los 42 años para los hombres y hasta los 41 para las mujeres; por último, el plan contempla la congelación de las pensiones (no se adecuarán a la inflación) por encima de los 960 euros.
En cuanto a las medidas para potenciar el crecimiento, Roma prevé poner en marcha una serie de reformas estructurales, con el objetivo de lograr el equilibrio fiscal para 2013. Entre otras actuaciones, más allá de una reforma laboral, el Gobierno reforzará el fondo de garantía para asegurar entre 20.000 y 25.000 millones de euros de crédito a las pymes, así como la liberalización algunos obstáculos para la apertura de nuevos negocios comerciales, incluidas las farmacias, y evitar cualquier límite de horario y de día de apertura.