Los hechos son tozudos. La Junta no tuvo en cuenta ni hizo caso a ocho informes contra el "fondo de reptiles" desde 2004 a 2009. Además de los ya conocidos, la Intervención alertó en 2008 de "deficiencias" en la gestión de las ayudas por parte de Innovación. Antonio Sanz, secretario del PP andaluz, mostró ayer en la sede del PP-A el nuevo informe de Intervención que cuestionaba las ayudas.
A pesar de que varias Consejerías del Gobierno andaluz ignoraron las advertencias de irregularidad por parte de la Intervención General de Hacienda, José Antonio Griñán ha declarado que es "imposible" que la juez Alaya le impute en el caso.
Recuérdese que algunas de las advertencias de la Intervención fueron dirigidas al propio Griñán, que pretende salvar las apariencias con el testimonio de su acólita y actual consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que fue ella quien recibió el informe del Interventor pero que no se lo trasladó a su superior, Griñán. Todos los periódicos andaluces se hacen eco en este día de la Constitución del nuevo hallazgo documental.
Ocho informes existen de la Intervención de la Junta de Andalucía entre julio de 2005 y octubre de 2008 en los que se subrayan "deficiencias" en el traspaso de fondos a la Agencia IDEA, el ente pagador de las polémicas ayudas prejubilatorias que investiga el juzgado de instrucción número seis de Sevilla.
Este lunes el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz dio a conocer el último de estos documentos. Es el informe definitivo sobre las cuentas de 2006 de IDEA, en el que la Intervención pone de manifiesto que el procedimiento administrativo utilizado por la Consejería de Empleo, pero también por la de Innovación —a la que se remite el informe en 2008—, "no se considera adecuado para la concesión de ayudas excepcionales efectuada".
De hecho dice: "habida cuenta que en el desarrollo de las actuaciones del control financiero permanente y, al margen del alcance subjetivo que le ha sido predeterminado, se han detectado determinadas deficiencias". Y, además, considera que la fórmula de transferencias de financiación de explotación, modelo elegido para pagar las prejubilaciones, vulneraba la ley de subvenciones e impedía el control.
Tales transferencias, dice el documento, tienen "un destino definido específicamente y ajeno a la propia agencia IDEA". El informe considera que "no cumplen los requisitos" adecuados para las transferencias de explotación y de capital. "Las primeras deben equilibrar la cuenta de resultados y las segundas deben utilizarse para adquirir elementos de inmovilizado que figuren a fin de ejercicio en el activo inmovilizado de la agencia", señala.
El documento fue enviado al entonces consejero Francisco Vallejo (2004/2009) en octubre de 2008. La Intervención —que dependía de la Consejería de Economía, entonces bajo el mando del actual presidente, José Antonio Griñán (2004/ 2009)— hila más fino al especificar que 212,23 millones transferidos a la agencia "han sido registrados separándose del criterio de contabilización establecido".
Otras consejerías utilizaron una fórmula inapropiada de pago del "fondo de reptiles". En un auto dictado en octubre, la juez Mercedes Alaya ya reclamó a la Junta que aclarase si otras consejerías, "a saber, Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura o Turismo", dieron subvenciones de la misma forma.
El PP considera gravísima la situación creada
A pesar de los ocho informes y de los cinco años transcurridos desde la emisión del primero, Empleo sólo modificó el procedimiento el pasado abril, meses cuando ya el juzgado inició una investigación sobre la red fraudulenta, muy ramificada, de ayudas a falsos prejubilados, empresas y ayuntamientos, generalmente, relacionados o amigos del PSOE.
Según ABC, el dirigente del PP, Antonio Sanz, consideró "gravísimo" que "hayan ocultado informes que aluden a responsabilidades de un Gobierno que, a sabiendas de que el procedimiento era irregular, seguía concediendo ayudas". Y añadió: "Ahora nos explicamos por qué no quiere que comparezca el interventor en el Parlamento".
La defensa de la Junta se centra en argüir que si bien es cierto que los informes de Intervención existían (algunos de ellos fueron aportados por la propia Junta a la juez Alaya), nunca la Intervención de la Junta emitió un "informe de actuación" que resolviera la situación.
Algunos "intrusos" recurren las fianzas puestas por la Juez
16 "intrusos" imputados por el caso de los ERE fraudulentos han recurrido las fianzas, de casi 4,8 millones de euros, que les ha impuesto la juez, Dicen que son "gente humilde" y que creían estar recibiendo una ayuda lícita de la Junta.
Las bases de los recursos se asentarán en que sólo pidieron una ayuda a la que tenían derecho o así lo consideraban. Al concederla la Junta, supusieron que era legal. Esto es, centran en los políticos de la Junta la responsabilidad de la concesión y, por ello, del supuesto delito.
"Es imposible que me impute la juez", dice Griñán
Es la reacción del todavía presidente de la Junta de Andalucía al último auto de la juez Alaya, instructora del sumario, en el que pidió los expedientes de ayudas otorgadas por la Consejería de Economía y Hacienda desde 2005, año en el que él ostentaba esta cartera. "No hay nada en absoluto que pueda imputárseme", dijo aludiendo a la instrucción.
Pero la magistrada ha dado a la Junta diez días de plazo para que remita expedientes tramitados por la Consejería de Economía y Hacienda desde julio de 2005 -fecha en la que Griñán era el responsable de este departamento- relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno "a fin de dotar de la tesorería necesaria a IDEA para llevar a cabo transferencias de financiación encomendadas, especialmente para el programa 31L", conocido como fondo de reptiles.
Según Europa Press, el presidente andaluz dijo que tuvo conocimiento de las irregularidades en los ERE "desde el mismo momento en que lo denunciamos" a través del cuerpo de letrados de la Junta, "que trabaja de forma independiente remitiendo al juzgado cualquier tipo de irregularidad que hayan podido comprobar", y destacó que "es la Junta la que está pidiendo la recuperación de todo lo que se haya podido malversar por algún funcionario o por algunas personas exigiendo el dinero por vía penal o administrativa".
Griñán, a pesar de las pruebas que incriminan cada vez con mayor claridad a sucesivos consejeros de Trabajo, comentó que la trama está "claramente" relacionada con una Dirección General de Trabajo, y que esa es la línea de investigación de la Junta. Esto es, para Griñán, la responsabilidad debe centrarse sólo en Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y en nadie más. Olvida subrayar que se trata de más de 700 millones de euros, más de 100.000 millones de pesetas, cantidad que ningún director general maneja por sí mismo y mucho menos sin consentimiento no ya de su Consejería sino de la Junta en su conjunto.