Mariano Rajoy es, desde los 24 años de edad, registrador de la propiedad y, por lo tanto, funcionario del Estado. No es el único. Muchos de los que le acompañarán en su Gobierno son empleados de la administración, que pidieron en su día una excedencia para poder dedicarse a la política. Sin embargo, puede que alguna de las medidas más dolorosas que tenga que tomar en sus primeros meses al frente del Ejecutivo tenga que ver, precisamente, con sus compañeros en la función pública.
Tanto Madrid como Cataluña han anunciado en los últimos días medidas de reducción del gasto público centradas fundamentalmente en los funcionarios. Así, Esperanza Aguirre ha aprobado un plan por el que los empleados de la Comunidad tendrán que trabajar 37,5 horas semanales en vez de las 35 horas actuales (con el objetivo, entre otros, de reducir el personal interino). Mientras, Artur Mas ha presentado un paquete de ahorro que incluye la suspensión de las oposiciones, la reducción de las plantillas de interinos y la eliminación de manera temporal de la mayoría de complementos salariales.
Sin compromisos
Mariano Rajoy no ha anunciado todavía ningún recorte de esta magnitud, pero tampoco ha negado que en caso de necesitar un nuevo paquete de ahorro, la parte más débil podría estar en los empleados públicos. Durante la campaña, Rajoy se comprometió a no bajar otro tipo de gastos, como las pensiones, pero siempre que se le preguntó sobre los salarios de los funcionarios dijo que sabía que ya habían sufrido un recorte, por lo que intentaría no reducirlos. Eso sí, se curó en salud y siempre apostilló que en este tema no podía comprometerse a nada hasta no conocer en profundidad el estado real de las cuentas públicas.
De hecho, en su discurso de investidura, Rajoy ya adelantó dos medidas de calado en el ámbito de la función pública. Por un lado, anunció que no repondrá ningún puesto vacante por medio de oposición en el próximo ejercicio, excepto los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros "servicios básicos". Por otro lado, adelantó que se iniciará un proceso de cierre de agencias y organismos públicos no imprescindibles, lo que apunta hacia una reducción del personal laboral al servicio de la Administración Central.
Las cifras
En los Presupuestos Generales del Estado para 2011, los gastos de personal ascienden al 9,1% y casi 33.000 millones de euros. El resto de las grandes partidas se concentra en pagos sobre los que el Gobierno tiene menos control, como pensiones (ya ha dicho que no las rebajará), subsidio de desempleo, transferencias a las comunidades o pago de los intereses de la deuda pública. Ésta es otra razón por la que muchos piensan que el primer gran recorte del nuevo Gobierno, si las cuentas reales no son las esperadas, puede venir por el empleo público.
En los últimos 30 años, el empleo en el sector público se ha más que duplicado, mientras crecía sólo un 50% en el sector privado. En esta progresión, han sido los ayuntamientos (han doblado el número de funcionarios) y las autonomías (han quintuplicado la cifra, aunque hay que tener en cuenta las transferencias) los principales culpables.
Además, en este momento se da otra circunstancia peculiar. Como muestra un estudio de la CEOE sobre el tamaño de la función pública en España, mientras que en las crisis de 1983 y 1993 la plantilla de las administraciones se redujo, en los últimos cuatro años, pese a la contracción de la economía, el número de personas que trabajan de una u otra manera en el sector público ha seguido creciendo.
Además, la remuneración de los empleados públicos ha subido por encima de la media en todos los ejercicios desde 2002 hasta 2009 (la tendencia se invirtió en 2010, después de que Rodríguez Zapatero aprobara el tijeretazo en el que incluyó un 5% de descenso de media en sus sueldos).
Soluciones
La suma de estos tres factores -incremento del número de trabajadores públicos en los últimos años, medidas de control del gasto en otras administraciones públicas y un déficit oculto que no se conocerá hasta dentro de unas semanas- podría llevar al nuevo presidente a meter la tijera en esta cuestión. Además, sería menos costosa electoralmente hablando que un recorte a las pensiones o al subsidio de desempleo. Existen cinco grandes opciones para reducir este gasto de personal:
1. Despidos: Rajoy siempre ha negado esta posibilidad. Sería un cambio radical en el concepto de función pública en España y supondría un alto coste político (no hay que olvidar que hay 3 millones de funcionarios). Por eso, la sensación es que sólo se tomaría una decisión tan impopular en caso de drama absoluto en las cuentas públicas. Eso sí, Grecia ya rompió el tabú este mismo año, cuando anunció el pase a la reserva de 30.000 funcionarios como paso previo a su despido. En España, no los habrá en el corto plazo, pero el nuevo presidente ya ha anunciado una tasa de reposición de cero en la administración para reducir el número de empleados públicos: es decir, no se contratará a nadie para suplir a los que se jubilen.
2. Más horas: este tipo de medidas tienen más posibilidades de salir adelante. La mejor manera de prescindir del personal no funcionario que puebla las administraciones públicas es hacer que los funcionarios trabajen más horas (en 2,5 les ha aumentado la jornada semanal Esperanza Aguirre a los suyos). De esta manera, la Administración podría ahorrarse unos buenos sueldos de interinos, personal laboral, etc...
3. Sólo funcionarios: Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de 2009, España tiene 2.968.628 trabajadores en la administración pública. De ellos, sólo 1.618.474 eran funcionarios, 709.491 son personal laboral y 370.092 son otro personal. Junto a estos, existe medio millón más de funcionarios fantasmas, que la EPA reconoce como empleados públicos pero no están recogidos en aquel boletín. En su mayoría, son trabajadores de organismos y empresas públicas que cobran del erario sin haber pasado oposición. Rajoy ya anunció que había que reducir en un buen número las empresas públicas. Pero incluso dentro de los ministerios prolifera este tipo de personal. Seguramente, serán los más afectados por los recortes.
4. Sueldos: Volvemos al inicio del artículo. Rajoy siempre ha apostado por no recortar los sueldos públicos, pero no se ha cerrado la puerta a esta posibilidad. Se hace difícil imaginar una subida de salarios en este año, por lo que los empleados públicos perderían poder adquisitivo en el mismo porcentaje en que suba la inflación. Al menos, en la entrevista en Antena 3, el líder del PP aseguró que "no recortaría un 5% sus salarios" como ha hecho Zapatero. Es el único límite que se impuso.
5. Control y productividad: lo que sí que es casi seguro es que el nuevo Gobierno aprobará algún tipo de norma que aumente el control sobre la tarea de los funcionarios y su productividad. En su discurso de investidura, Rajoy habló de un "Pacto por la austeridad y la eficiencia". Esto se traducirá en una nueva normativa para la función pública, que hará más exigentes los controles y podría iniciar el camino hacia una mayor equiparación entre los sueldos y la productividad, una de las tradicionales demandas de los expertos para mejorar la eficiencia de la administración.