Como consecuencia de las elecciones de 20 de noviembre de 2011, se ha producido un cambio radical en la política española en los días de paso del 2011 al 2012. Conviene atisbar por dónde parece que son fundamentales las alteraciones.
La primera es que los nuevos llegados creen en las ventajas de la economía libre de mercado. Por tanto, es de esperar que la masa creciente de intervencionismos, de empresas públicas autonómicas, de fundaciones con fines económicos al margen del mercado, vayan desapareciendo.
La segunda tiene que radicar en una aceleración de la mayor flexibilización del mercado del trabajo. Lo poco que se había hecho en este sentido no había servido realmente para nada. Por supuesto que se tendrá que soportar la reacción sindical, porque de esta rigidez se derivaba su fuerza a pesar de su corto número de afiliados, pero se trata de una cuestión esencial.
La tercera afecta a la energía. Nos habíamos introducido, basándonos en todo tipo de informaciones deformadas, en un país antinuclear. No existe posibilidad de abaratamiento, en un país que tiene una fuerte intensidad energética, más que con aprovechamientos, aun posibles, de tipo hidroeléctrico, y como centro, tal como pedía el I Plan Energético Nacional, la energía nuclear.
El cuarto conjunto de novedades afecta a las infraestructuras de transportes y comunicaciones. Hay que aprovechar, en puertos, en ferrocarriles de transportes de mercancías ligados a Europa, la mejoría impresionante que ha experimentado nuestra renta de situación, a causa del desarrollo asiático y del Pacífico, incluyendo a Australia.
La quinta alteración es la de la agricultura. La española, en estos momentos de incremento de precios de una serie de productos rurales tiene que experimentar un cambio radical, dentro de las posibilidades que, además, ofrece la Política Agrícola Común.
El sexto cambio es el control, implacable, del gasto público, para cortar un endeudamiento que, como consecuencia de la colocación de la deuda pública, frena las posibilidades de financiación privada, al provocar por fuerza tipos de interés muy altos.
La séptima modificación, naturalmente, es la reorganización de nuestro sistema crediticio. Su abandono por parte del control que debió efectuar el Banco de España obliga a una alteración radical y urgente.
Si 2012 inicia esos cambios, de inmediato, allá por febrero o marzo, poco se notará. Pero es seguro que dentro de un año todo estará planteado de modo diferente y positivo. Este es el futuro más probable. Ojalá no se tenga que rectificar esta opinión cuando concluya 2012.