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Contención del gasto público

El ministro Cristóbal Montoro acierta al poner el acento en la reducción del gasto administrativo, y no social, para alcanzar los objetivos de déficit público del año 2012 y siguientes.

Jaime de Piniés
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El ministro Cristóbal Montoro acierta al poner el acento en la reducción del gasto administrativo, y no social, para alcanzar los objetivos de déficit público del año 2012 y siguientes. La tarea es hercúlea pero, dependiendo del desvío del déficit en el año en curso, sería posible hacerla en los términos que marca el ministro de Hacienda.

La dimensión del problema supera con creces los 16.500 millones de euros anunciado por el presidente Rajoy en su envestidura. Todos los analistas cifran que habrá un desvío en el déficit público de este año de, al menos, el 1% del PIB; que, junto con la carga de intereses, podría suponer unos 30.000 millones de euros. Algunos lo cifran en 40.000 millones. Y, en el supuesto de alcanzar el objetivo de déficit público en 2012, para el año 2013 haría falta encontrar otros 15.000 millones para cumplir con Europa.

¿Es posible alcanzar estos volúmenes de ahorro sólo conteniendo el gasto público? Las únicas cifras disponibles sobre el ahorro por vía de la eliminación de redundancias y duplicidades en las administraciones públicas españolas, sin afectar el gasto social, son los estudios de UPyD que estiman un ahorro potencial de 40.000 millones de euros. Según los cuales, de seguir las prácticas más eficientes, se podrían alcanzar importantes ahorros entre: las Comunidades Autónomas (20.000 millones €), los grandes municipios (6.000 millones €) y la reestructuración de los municipios más pequeños en agrupaciones de al menos 20.000 residentes para alcanzar economías de escala (16.000 millones €). Es decir, grosso modo, los referidos 40.000 millones que, incluso a la baja, podría redundar en torno a un ahorro de 20.000-30.000 millones en un año y, con ello, alcanzar la meta propuesta para el año 2012. Luego el ministro hace muy bien en poner el acento en la contención del gasto público y no en el social tal y como hizo el anterior gobierno socialista del Sr. Zapatero.

Ahora bien, el descalabro económico al que se nos ha conducido es de tal magnitud que es más que probable que para el año 2013 también se tengan que encontrar otros 15.000 millones. Y es aquí cuando más prendas pueden doler. Buscados todos los recursos de recorte y contención para cuadrar las cuentas de las Administraciones Públicas, la obtención de aún más dinero llevaría inexorablemente a un dilema: recorte social o incremento de impuestos. La posición del Partido Popular en estos dos puntos ha sido clara, no quiere ni pretende recurrir a estos dos ajustes. Luego, confiando en que el gasto social efectivamente no se toca, sólo quedaría un camino posible con suficiente entidad para lograr dichos objetivos: la lucha contra el fraude fiscal. Esta es una de las más importantes asignaturas pendientes de España. Ya va siendo hora de que se afronte este mal y se supere la noción de que el paro intrínseco a la historia reciente española se palia a través de la economía sumergida. Si bien es cierto que esta práctica supone una válvula de escape para un gran número de los más de cinco millones de parados, también es cierto que es un medio de trabajo inadmisible para el siglo XXI. Ni para los trabajadores que se encuentran abocados a esta práctica y que implica no recibir ni prestación ni protección alguna, ni para el resto de los españoles que puntualmente pagan sus impuestos. En términos económicos, si se obliga a aflorar la economía sumergida que bien podría representar el 20% del PIB y su correspondiente imposición fiscal, sería más que suficiente para cuadrar todas las cifras de las que estamos hablando; incluyendo, obviamente, el que todos los trabajadores tuvieran las prestaciones sociales que entre todos los españoles hemos llegado a conseguir. 

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