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El sueldo de los funcionarios se congela por cuarta vez en democracia

Felipe González (en 1994), José María Aznar (1997), con Rajoy como ministro de Administraciones Públicas, y José Luis Rodríguez Zapatero (2011).

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La congelación del salario de los empleados públicos en 2012, que tiene previsto aprobar este viernes el Gobierno, es la cuarta que se produce desde el comienzo de la democracia.

Antes del Ejecutivo de Mariano Rajoy también optaron por la misma medida los gobiernos de Felipe González (en 1994), José María Aznar (1997), con Rajoy como ministro de Administraciones Públicas, y José Luis Rodríguez Zapatero (2011). Previamente, los funcionarios no percibieron el importe de la revisión salarial que reclamaban por la desviación de los precios registrada entre diciembre de 1991 y noviembre de 1992.

Pero la primera congelación llegó en 1994. Felipe González, con Pedro Solbes como ministro de Economía, justificó la medida por la necesidad de reducir el déficit público en una época de crisis. El 15 de mayo de 1994, Solbes anunció que la congelación salarial para los funcionarios acabaría el año siguiente con un aumento de los sueldos según el IPC previsto, todo ello en una coyuntura en la que el Gobierno se planteaba reducir el déficit público en tres años desde el 6,7% al 2% del PIB.

El 16 de septiembre de 1994, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo Administración-Sindicatos para el período 1995-1997, que contemplaba incrementos salariales para los funcionarios conforme a la previsión del IPC.

Sin embargo, tras ganar el Partido Popular las elecciones generales de mayo de 1996, el Gobierno decidió el 19 de septiembre congelar de nuevo el salario de los empleados públicos para 1997. En esta ocasión, el argumento esgrimido fue la necesidad de elaborar unos presupuestos austeros para poder cumplir con los criterios de convergencia con la Unión Europea que, entre otros asuntos, fijaba un déficit público no superior al 3% del PIB.

Los sindicatos respondieron el 11 de diciembre de 1996 con una huelga en la función pública, la primera que afrontó el Ejecutivo de José María Aznar.

El 23 de enero de 2001, la Audiencia Nacional sentenció en contra de la congelación salarial impuesta a los funcionarios, dictamen que fue recurrido por el Gobierno y, posteriormente, anulado por el Tribunal Supremo el 26 de febrero de 2002.

CCOO recurrió al Tribunal Constitucional cuyo fallo, dado a conocer en febrero de 2005, justificaba la decisión del Ejecutivo del PP de congelar el salario de los funcionarios al señalar que las circunstancias de 1996 y 1997 fueron "muy diferentes a las existentes en el momento de alcanzarse el acuerdo de 1994". Tras conocerse la sentencia, CCOO presentó en julio de 2005 un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La tercera congelación se produjo este año después de que en mayo de 2010 el Gobierno de Zapatero rebajara un 5% el salario de los empleados públicos, la primera reducción aprobada por un Ejecutivo en España para este colectivo.

"Se intenta culpar a los funcionarios de la crisis"

Ante la inminente aprobación de esta medida las reacciones de los afectados no se han hecho esperar. El presidente del CSI-F, Miguel Borra, ha asegurado que "parece" que se quiere culpar a los empleados públicos de la crisis y que, por ese motivo, se les vuelva a congelar el sueldo en 2012, tal y como hizo el anterior Ejecutivo.

"No somos los culpables del derroche de tantas partidas de gasto que se podrían haber evitado", ha señalado Borra al término de la reunión entre los sindicatos de la función pública y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

En dicha reunión, Beteta les ha confirmado que congelarán el sueldo de los empleados públicos en 2012 y que reducirán a cero la tasa de reposición de la oferta pública de empleo, salvo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios básicos como la Sanidad y la Educación.

Borra ha recordado que la reunión se ha celebrado en paralelo al Consejo de Ministros, por lo que la decisión ha sido en realidad una imposición y el encuentro un trámite legal para llevarla a cabo. Sobre si CSI-F prepara alguna movilización por la implementación de estas medidas, Borra ha asegurado que seguirán analizando la situación y su gran lucha será trabajar para que los Presupuestos de 2012 sean "realistas".

Desde el sindicato ELA, han denunciado la "imposición" de medidas "irracionales e irresponsables" que sólo van a suponer más empobrecimiento y más destrucción de empleo y derivarán más dinero a la banca.

Finalmente, la Confederación Intersindical Gallega también ha mostrado su "rotunda oposición" a estas medidas que van a suponer en realidad una rebaja de sueldo teniendo en cuenta el nivel que han alcanzado los precios. "Son medidas muy negativas", han dicho.

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