A nadie le ha sorprendido el anuncio de que el déficit público de España ronde el 8% del PIB; todos los analistas así lo preveían. La sorpresa ha venido con las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno para hacer frente a la nefasta gestión anterior. Se le tiene que reconocer al Gobierno que ha tomado medidas contundentes e inmediatas para restablecer la credibilidad y confianza en la capacidad del Estado para hacer frente a la deuda pública. Obviamente, estamos hablando de nuestra percepción en el exterior y por parte de los mercados, a donde necesariamente tiene que acudir el país para financiarse.
Sin embargo, analizando estas medidas desde nuestro propio panorama, el español, nos damos cuenta de que presentan el claro matiz de haber sido tomadas en clave política; buscando una solución para ir tirando, y no afrontando el meollo de la cuestión: el gasto de las Comunidades Autónomas (CCAA) y de las Entidades Locales (EELL). A nadie se le escapa que las elecciones andaluzas están al caer.
Las CCAA son responsables de más de la mitad del desvió en el objetivo presupuestario de 2011 y, de momento, no van a asumir ninguna medida para frenar su gasto. Las medidas enunciadas equivalen a obligar a los españoles y al Estado a hacer el ajuste que no se impone ni a las CCAA, ni a las EELL. Es cierto que tanto unas como otras han asumido la mayor parte del gasto "social" en España, sobre todo en educación y en sanidad. Pero también es cierto que el gasto se ha disparado dando lugar a un desbarajuste que, o se ordena y limita, o se va todo al garete.
Se nos dice que tenemos que esperar hasta el segundo paquete de medidas para conocer las medidas adicionales, es decir, hasta después de las elecciones en Andalucía a finales de marzo. Evidentemente ese segundo paquete será necesario, pues el que se acaba de anunciar sólo suma unos 15.000 millones de euros y el ajuste para alcanzar el objetivo en 2012 requerirá al menos otros 20.000 millones. Tendremos que esperar por lo tanto, convenga o no a la economía española, a ese momento político para comprobar cómo el Gobierno español encauza y endereza una situación de gasto público desbocado que nos está arruinando a todos.
Coincido con quienes indican que el orden de las cosas importa, y opino que la ciudadanía ya está suficientemente exprimida económicamente y no tiene que ser la única pagadera de las malas gestiones y de los plazos políticos.