Una Seguridad Social en déficit, una tasa de desempleo que duplica a la que había en marzo de 2004, un endeudamiento público que ha pasado del 48% a más del 70% del PIB y un país con uno de los índices más altos de fiscalidad y de falta de libertad económica del mundo: estos son algunos de los componentes del legado que, en materia económica, nos han dejado las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero.
Es evidente que las reformas destinadas a invertir esta ruinosa tendencia, por rápidas y profundas que sean, requerirán bastante tiempo para causar efecto. Ya hemos señalado, sin embargo, nuestra decepción por el hecho de que las primeras medidas que el Gobierno de Rajoy ha adoptado para equilibrar algo los balances de las Administraciones Públicas no se hayan referido exclusivamente a la reducción del gasto público, sino que hayan comprendido una de las mayores subidas de impuestos de nuestra historia reciente. Lo peor es que este aumento de la presión fiscal, ya de por sí nocivo para la creación de empleo y la recuperación económica, nos ha sembrado de dudas respecto al alcance de las profundas y diversas reformas que necesarias en otros campos, empezando por nuestro encorsetado mercado laboral.
Si podemos ir olvidándonos por un buen tiempo de las promesas del PP de una fiscalidad favorable a los autónomos y las pymes y para la generación de puestos de trabajo, también podemos dudar ahora de la ambición de Rajoy en lo relacionado con la reforma de la negociación colectiva, para que prime el convenio de empresa sobre cualquier otro, con el fin de que estos acuerdos se ajusten a la realidad de cada empresa. Más aun cuando ese compromiso, que parece haber mantenido Luis de Guindos, ha sido matizado recientemente por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Otro tanto se podría decir de la necesidad de estimular la creación de empleo reduciendo las disuasorias indemnizaciones por despido. Desde el PP no han faltado voces que aseguran, sin embargo, que el coste del despido no se va a tocar.
Lo único que sabemos a ciencia cierta en este punto es que el irrelevante, cuando no contraproducente, salario mínimo, que viola, en cualquier caso, la libertad contractual entre empresarios y trabajadores, no va a ser suprimido, sino tan sólo congelado. De todo lo demás, se supone que el Gobierno informará tras el Consejo de Ministros de este jueves. Y decimos "se supone" porque habrá concluido el plazo que Rajoy otorgó a patronal y sindicatos para alcanzar el acuerdo que los mal llamados agentes sociales no alcanzaron en los ocho años precedentes.
Esperemos, pues, que el Gobierno nos anuncie finalmente este jueves la reforma que el PP tiene preparada para el terreno laboral. Y esperemos que sea tan decidida y profunda que permita invertir la tendencia a la que nos arrastra el ruinoso legado de Zapatero.