El Gobierno logró, tras una larguísima reunión que se prolongó hasta pasadas las nueve y media de la noche, un compromiso firme de las comunidades autónomas en manos del Partido Popular en tres puntos muy concretos: el cumplimiento del límite del déficit público impuesto por Bruselas, una estabilidad presupuestaria basada en no gastar más de lo que se ingresa y un plan tijera que afecte principalmente a la maraña administrativa y al sector público.
Encima de la mesa, las diferentes velocidades de las comunidades azules. Por un lado, la Comunidad de Madrid o Baleares, con cuentas más saneadas, y por otro Comunidad Valenciana o antiguos feudos socialistas como Extremadura y Castilla-La Mancha, y que tendrán que hacer verdaderos esfuerzos para cumplir con el Ejecutivo central.
Cristóbal Montoro expuso las líneas rojas dibujadas por Hacienda. En presencia de María Dolores de Cospedal, en calidad de secretaria general del PP, y Álvaro Nadal, el hombre económico de Moncloa, recordó a sus homólogos regionales que buena parte de que el déficit público del conjunto nacional se eleve por encima del ocho por ciento es de las comunidades, por lo que llamó a ser rápidos en la respuesta. “La UE nos vigila”, les vino a decir, según un miembro del encuentro.
Y, en este sentido, no dudó en sacar a colación la posibilidad de establecer sanciones a las administraciones que no cumplan con los compromisos adquiridos. Fue en su intervención inicial y no ahondó más en ella, pero en voz de un consejero quedó claro que “tenemos que cumplir hasta las últimas consecuencias”.
Sobre este instrumento, aún sin concretar, fuentes consultadas adelantaron que estaría recogido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que ya trabaja el Gobierno. Sería, en palabras de un asesor de Moncloa, una sanción administrativa pero, en ningún caso, penal, ya que chocaría con la Ley vigente. “Es importante”, dijo Montoro de puertas para adentro, “la responsabilidad de los gestores públicos y la transparencia de los Gobiernos”. “A favor de las sanciones no está nadie”, admitió el balear Ignacio Aguiló, para resignarse con un “es lo que hay” que asumieron el resto de colegas.
Ahora bien, remachado el tema del cumplimiento del déficit y de un techo de gasto igual para todas las comunidades, a lo que más entró Montoro es al recorte. A la tijera. “Siempre hay campo para nuevos ajustes”, aseveró el castellano-manchego, Diego Valle.
Hecho el diagnóstico y puestas las obligaciones, Montoro también escuchó las quejas. Y la más clara fue por parte de la Comunidad Valenciana, al afirmar que los mecanismos de liquidez “no funcionan” y habría que modificarlos. También reclamó, junto a otras comunidades, abrir el melón de la financiación autonómica, del que el consejero, José Manuel Vela, pidió una “revisión” en cuanto sea posible.
Por su parte, lo que también hizo el titular de Hacienda fue reafirmar el pleno respeto tanto del partido como del gabinete presidencial “a la autonomía económica, política y financiera de las comunidades”. De hecho, yendo un paso más allá, habló “desde el convencimiento de que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador de déficit”. Cabe recordar que Luis de Guindos (Economía) amenazó con un control previo de los presupuestos autonómicos, lo que levantó las quejas de algunos Gobiernos.
Así las cosas, tras poner a todos los suyos de acuerdo, Rajoy afronta este jueves la prueba definitiva, ya que Montoro contactará con el resto de comunidades para exponer la situación y reclamarles el mismo esfuerzo al que se comprometieron las gobernadas por el PP. Con este paso, el presidente busca un gesto más de confianza ante la Unión Europea, en general, y los mercados, en particular.