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Descontrol autonómico

El Gobierno debe dotarse de los instrumentos necesarios para impedir que las autonomías falseen sus cuentas externalizando déficit y deuda a través de la creación de empresas públicas.

Emilio J. González
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Según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Gobierno va a sancionar a aquellas autonomías que superen los techos de gasto y endeudamiento establecidos por el Ejecutivo, tal y como contemplará la anunciada nueva ley de estabilidad presupuestaria. No cabe duda de que este tipo de medidas son necesarias para evitar que se vuelva a repetir el descontrol de las cuentas públicas que ha tenido lugar a lo largo de los últimos años y que han colocado a España al borde de la crisis fiscal. La cuestión es si bastará con ello o habrá que adoptar medidas adicionales para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Les guste o no a los gobiernos regionales, cuando ellos controlan aproximadamente la mitad del gasto público de este país, también tienen que participar en la reducción del déficit público del conjunto de la Nación. Lo que no puede ser es lo que ha venido sucediendo hasta ahora, que las autonomías gastaban y gastaban y no hacían más que pedir más y más dinero al Estado para seguir gastando, en lugar de ajustar su presupuesto a sus posibilidades reales y al cumplimiento estricto de las competencias que tienen transferidas. Lo que tampoco puede ser es negar, como se ha venido haciendo hasta ahora, la capacidad del Estado para ordenar la actividad económica, que es una de las competencias que le reconoce la Constitución y que implica el establecimiento de los objetivos fundamentales de la política económica, de la que la política presupuestaria es una parte muy importante. Esta es una capacidad que, en gran medida, ha perdido el Gobierno central y que debe recuperar claramente.

Ahora bien, no nos podemos olvidar de que buena parte de los males presupuestarios relacionados con las autonomías derivan de los momentos en los que el partido que gana las elecciones necesita del apoyo de los nacionalistas para gobernar. Éstos siempre venden sus votos a cambio de más competencias y de más dinero y, en cuanto puedan, van a hacer todo lo que esté en sus manos para desatar lo que Montoro quiere dejar bien atado. Ya lo hicieron en 2004 cuando instaron a Zapatero a cargarse la anterior ley de estabilidad presupuestaria, y pueden volver a hacerlo en cuanto sus votos sean necesarios para sustentar a otro Gobierno.

Otra cuestión que debe tener en cuenta el Ejecutivo es la de las competencias autonómicas, no sólo por lo que se refiere a las duplicidades con el Estado. Cada vez que los nacionalistas arrancan nuevas competencias al Gobierno central, los demás también las quieren y, de esta forma, entramos en una dinámica incrementalista del gasto público que es una de las causas de la actual crisis fiscal española. Todo esto transciende a la ley de estabilidad presupuestaria y requiere, por tanto, de una norma de mayor rango, incluso de una reforma constitucional, que ponga orden, de una vez por todas, en nuestro caótico Estado de las autonomías.

Por último, el Gobierno debe dotarse de los instrumentos necesarios para impedir que las autonomías falseen sus cuentas externalizando déficit y deuda a través de la creación de empresas públicas. En este sentido, puede que un régimen de sanciones funcione, pero quizá sería mejor un sistema de autorización previa de creación de dichas empresas en el que se justifique debidamente su necesidad.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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