Como era de esperar, sindicatos y patronal han sido incapaces de llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral que quiere el Gobierno. ¿Y ahora qué? El Ejecutivo anima a los agentes sociales a que continúen en la mesa de negociaciones a pesar de que lo que reina entre ellos es un diálogo de sordos. Los sindicatos se han enrocado en aceptar una moderación salarial este año y el próximo, recuperando el poder adquisitivo perdido a partir de 2014, sin poner nada más encima de la mesa, mientras que CEOE quiere cruzar algunas de las líneas rojas que marcaron UGT y Comisiones Obreras con ocasión de las dos reformas laborales aprobadas por el Gobierno de Zapatero. Las centrales sindicales, por tanto, siguen encastilladas en sus posiciones y de ahí no hay quien las mueva porque todo lo que hay que hacer en relación con el mercado laboral va en contra de su ideología y, por tanto, no van a ceder lo más mínimo. Además, sus líderes, Méndez y Toxo, están deseando tener la menor oportunidad para echarse a la calle en contra del Gabinete de Rajoy, especialmente después de que les redujera las ayudas públicas, como llevan tiempo haciéndolo para intentar echar a Esperanza Aguirre de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Su estrategia consiste en desgastar al PP todo lo que puedan y, en consecuencia, nunca le van a dar la baza de pactar con los empresarios la reforma que quiere Rajoy, por muy necesaria que resulte ésta para resolver los problemas socioeconómicos del país.
Así las cosas, al Gobierno le toca ahora hacer aquello para lo que ha sido elegido y no puede demorar por mucho tiempo la toma de decisiones en relación con el mercado laboral. La revisión a la baja de la calificación de la deuda española que llevó a cabo el pasado viernes S&P es un aviso acerca de que a los mercados se les acaba la paciencia. Y aunque, por ahora, el Ejecutivo pueda contar con la ayuda de las intervenciones del Banco Central Europeo para contener la prima de riesgo, eso no le exime de tomar las decisiones que tiene que tomar y cuando las tiene que adoptar. Nada impide, en este sentido, que mañana mismo el Gobierno presente las líneas maestras de la reforma para su aprobación en el próximo Consejo de Ministros o en el siguiente o, dicho de otra forma, no hay razón alguna para tener que esperar hasta finales de marzo para empezar a aplicar la misma. Si no se hace antes de esa fecha, no es por causas técnicas ni económicas, sino por razones estrictamente políticas vinculadas estrechamente con las elecciones andaluzas. El PP puede considerar que dichas causas son muy importantes y que lo primordial, ante todo, es acabar con más de tres décadas de corrupción socialista en Andalucía. Pero lo que les importa a los mercados no es eso sino que se tomen medidas cuanto antes para resolver nuestra difícil situación. Y lo que nos importa a los españoles es que no se pierda ni un puesto de trabajo más de los estrictamente necesarios ni se cierre una sola empresa más a causa de la rigidez del mercado laboral. ¿No había que adelantar las elecciones porque era imprescindible empezar a tomar medidas de forma inmediata? Pues la reforma laboral es una de las más importantes y no puede esperar.