El Gobierno sigue aplicando la tijera a todo el entramado administrativo, y a renglón seguido poniendo en evidencia la herencia socialista. En el punto de mira los denominados organismos reguladores, sobre los que ya trabaja un equipo encargado de presentar, en un "breve plazo", un informe para su reforma integral.
Una implicadísima Soraya Sáenz de Santamaría, que está haciendo de la austeridad su máxima, incluyó la "neutralidad y la eficacia" como principios esenciales del mapa de organismos que surja tras la poda del gabinete. La vicepresidenta incluyó en este arduo trabajo a los ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento y Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad.
La maraña de organismos se multiplicó bajo el paraguas de la administración Zapatero. La Ley de Economía sostenible fijó, en principio, cuatro organismos reguladores: la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal. No fueron las únicas estructuras, ya que a posteriori se crearon el Comité Nacional de Transporte, la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria. Un extremo que el Gobierno considera "inaceptable", y de ahí que hable de "varios" organismos que serán desmantelados y cuyas funciones se ubicarán en otras.
Pero, aún más grave, el anterior gabinete tenía planeado seguir aumentando el instrumental del Estado, con la creación -por ejemplo- del Consejo Audiovisual estatal, cuya creación estaba prevista en la nueva Ley General Audiovisual. Finalmente, no verá la luz, según corroboró la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros.
Sáenz de Santamaría explicó que la labor que iba a realizar se puede incluir sin problema alguno para el ciudadano en otro organismo amigo. Y con esta simple decisión, arrojó la cifra de "casi siete millones de euros de ahorro". "Ese dinero lo vamos a ahorrar", zanjó, anunciando que se ajusta una hebilla más el cinturón en su propio equipo.
Además de una reducción del 40% de las direcciones nacionales, como ya anunció, ahora desinfla las subdirecciones de la Vicepresidencia y la Portavocía en un 18%, pasando de veintitrés a diecinueve. Es "una importante contención en el número de altos cargos", que se irá aplicando paulatinamente en todas las patas de la araña central.
La otra buena noticia en este sentido la anunciaba, en la reunión del Consejo, la titular de Sanidad, Ana Mato: las modificaciones organizativas supondrán una reducción del gasto de casi un millón de euros al año. Así las cosas, la secretaría de Sanidad asume la presidencia del Instituto de Consumo y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Además, el Instituto de la Mujer pasa a depender de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. No son los únicos cambios.
Los malos gestores y sus responsabilidades
En ese afán de ahorro, Mariano Rajoy dio un paso más en el marco de las sanciones a los malos gestores, y que tendrá su encuadre en las leyes de Transparencia y Buen Gobierno. Quienes incurran en una falta de "dolor acreditado" o tengan "gran culpa" en el incumplimiento del techo del déficit público o sus presupuestos económicos regionales tendrán que asumir responsabilidades penales, según anunció Sáenz de Santamaría.
Se podría decir que la vicepresidenta toreó bien el que, en principio, se antojaba como el más complicado de los puntos abordados por el Consejo, entre otras cosas porque aún no hay nada aprobado. Antes del primer trimestre -previsiblemente en febrero- estará todo encima de la mesa.
Los pasos son los siguientes. Primero, la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) determinará un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer, posteriormente, un régimen de infracciones y sanciones. Pueden ser administraciones o contables, si bien el Ejecutivo no vislumbra -a priori- que ningún mal gestor pueda entrar en la cárcel. Tampoco tendrá efectos retroactivos, como reclamó José Antonio Monago, que recibió del socialista Guillermo Fernández Vara una herencia envenenada.
Por otro lado, será la Ley de Buen Gobierno la que fije las obligaciones legales de los gestores y guíe la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit. En ello, una vez más, estará involucrada Sáenz de Santamaría, habida cuenta de que la norma depende de la Vicepresidencia.
"Austeridad y reformas", repitió machaconamente Sáenz de Santamaría, como la única receta posible para salir de la recesión económica. El Gobierno, reseñó, no caerá en el pesimismo por los malos augurios, sino que los tomará como acicate. E, insiste, los sistemas laboral y financiero quedarán reformados en semanas. La promesa del presidente de cumplir con el déficit impuesto por la UE, y que reiterará el próximo jueves a la mismísima Ángela Mérkel, también es inamovible.