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El Estado confisca al inversor la mitad de sus ganancias

La reforma fiscal de Rajoy es la tercera gran vuelta de tuerca contra los ahorradores e inversores en menos de una década.

Raquel Merino Jara
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La reforma fiscal del nuevo inquilino de la Moncloa es la tercera gran vuelta de tuerca contra los ahorradores e inversores en menos de una década. No podemos aplaudir las medidas fiscales aprobadas alevosamente el 30 de diciembre con el fin de dejar a los contribuyentes sin margen de maniobra antes de la conclusión del año fiscal de 2011.

Aquellas familias o instituciones que optan por constituir un patrimonio a largo plazo, en lugar de consumir y dilapidar todo ingreso que les entra (cuando no incrementar su deuda total), vuelven a estar entre las grandes perjudicadas por esta reforma fiscal, que se ha cebado de manera general con las clases medias también en lo que respecta a las rentas por trabajo. A ello debemos añadir que el momento no puede ser más inoportuno, por más que el Gobierno considere que sus ingresos fiscales se van a ver incrementados.

Las reformas fiscales de los últimos años son un ataque frontal contra ahorradores e inversores. Con vigencia desde 2007, Rodríguez Zapatero aprobó la eliminación de la deducción por doble imposición a los dividendos al tiempo que subió el tipo del 15% al 18%.

Esta medida hay que tacharla sin paliativos de injusta. Como bien es sabido, cuando una empresa paga dividendos a sus accionistas, lo hace utilizando los beneficios del ejercicio, es decir, el sobrante de detraer de los ingresos todos los gastos necesarios para obtenerlos. Pero antes de obtener el beneficio total y, por tanto, antes del reparto mismo de dividendos, se ha de sufragar el Impuesto sobre Sociedades. A saber, el dividendo se extrae del beneficio después de impuestos e intereses.

La fundamentación que se adujo para eliminar la deducción por doble imposición -supuestamente equiparar todas las rentas del ahorro- no se sostiene por ningún lado. El dividendo, a diferencia de los intereses, es un dinero que al recibirse ya ha pagado impuestos (el de Sociedades). Añádase a ello que cuando se entrega a los accionistas, la compañía vuelve a detraer más impuestos (correspondiente con la retención a cuenta de los impuestos a soportar por el accionista en IRPF).

No nos podemos sorprender de dobles, triples y cuádruples imposiciones a estas alturas, pero no por ello deja de ser censurable. Se trató de una reforma que, además de elevar la fiscalidad de todo el ahorro, discriminaba más si cabe contra la renta variable. La figura del accionista quedó aún más debilitada dentro de la financiación empresarial. Y es que, de todos aquéllos que detentan derechos respecto a una compañía, éste es el último en cobrar en caso de quiebra o suspensión de pagos, el primero en soportar las pérdidas y, además, desde 2007, su rendimiento tributa dos veces (de tratarse de dividendos, primero, por el impuesto de sociedades y luego por IRPF).

Más adelante, para 2010, el Gobierno socialista subió el tipo del 18% al 19%-21%. De ser un impuesto con un tipo único, pasaría a contar con dos tramos. Así, hasta 6000 euros tributarían al 19 por ciento, y las plusvalías o rendimientos adicionales al 21.

Para 2012, Rajoy no ha tenido suficiente con subir los tipos marginales, y ha añadido un tercer tramo. Como decimos, de ser un impuesto proporcional (tipo único) ha pasado a ser bastante progresivo. Una medida de lo más social. Así, el tipo mínimo ahora es del 21% hasta 6000 euros. Aquellos rendimientos y plusvalías que excedan esa cantidad y hasta los 24.000 euros, tributarán al 25%. Las ganancias a partir de los 24.000 euros lo harán al 27%.

Efectos de la reforma fiscal contra el ahorro

Fíjense en que en apenas seis años hemos pasado de un tipo único del 15% y sin doble imposición para los dividendos, a uno progresivo con tipos marginales máximos del 27%. Si nos ceñimos tan sólo a esta última reforma, va a suponer una reducción de hasta el 8% en la tasa esperada de retorno, lo que traerá como efecto el desincentivo de un buen número de inversiones. En total, una confiscación de más de la mitad de la rentabilidad del inversor si sumamos IRPF e Impuesto de Sociedades.

Con esta clase de fiscalidad, cada vez se hace más difícil y caro captar capitales propios mientras el nivel de endeudamiento empresarial sube. Así, en el auge se promueve la inestabilidad financiera con un peligroso sobreapalancamiento empresarial y en la recesión, se aboca a la suspensión de pagos al haber dificultades para la entrada de nuevo capital. Sabemos que es necesario en estos momentos de vacas flacas recapitalizar no pocas compañías (véase el esfuerzo que se está haciendo con las Cajas de Ahorros en esa línea), pero todas estas medidas han ido en la dirección de hacer más difícil y caro ese proceso.

No estamos en medio de un auge empresarial o bursátil con rentabilidades esperadas para el accionista muy interesantes. Estamos inmersos en una fase deflacionaria en que los inversores, colmados de paciencia y prudencia por la incertidumbre empresarial y la caída en el consumo, encuentran menos negocios atractivos en que invertir. Son menos y su rentabilidad marginal ha ido cayendo respecto a épocas más boyantes. Una bolsa de valores anémica como la que se está fomentando conlleva aún mayores dificultades de financiación para las empresas, ya sea mediante ampliaciones de capital, salidas a bolsa u obtención de préstamos. Consecuentemente, estas medidas también por esta vía han tenido y tendrán efectos dañinos sobre la inversión, la productividad, el empleo y los salarios.

Pero es que, además, ni siquiera la subida de Rajoy garantiza mucha recaudación. Un número importante de inversores tenderá a aplazar las ventas que de otro modo hubiesen realizado a la espera de un nuevo cambio favorable en la legislación. De suceder esto, habrá ineficiencias adicionales en la asignación de capital. Numerosos nuevos proyectos pueden quedar huérfanos de financiación, mientras el capital permanece atrapado en antiguas inversiones sin más mérito que el de dar cobijo a pasadas ganancias acumuladas sin realizar.

Mil millones, que es lo que se espera obtener con la reforma fiscal sobre el ahorro, es poco más de media décima del déficit público. Es, por tanto, una ficción que la política fiscal haya tomado estos derroteros para paliar el déficit. Más bien, se trata de un guiño a los indignados y al sector social más intoxicado por la demagogia.

El que sea ésta una columna de inversión hace que, voluntariamente, hayamos dejado a un lado el análisis del efecto de la reforma de las rentas del trabajo. Pero cabe reseñar que con la reforma fiscal en su conjunto y con la defensa de la tasa Tobin, el partido en el Gobierno está asumiendo como propio prácticamente todo el programa fiscal comunista.  Y eso que éste era el partido que estaba a favor de crear un entorno favorable para la inversión y el desempeño empresarial...

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