El nuevo plan de reestructuración del sector financiero que planea el Gobierno se relaja. En un primer momento, se barajaba que la banca tendría que provisionar hasta el 90% de los activos del suelo, pero esta cifra está siendo revisada a la baja.
El Ejecutivo calcula que el sector financiero necesita provisiones por 50.000 millones de euros para hacer frente a eventuales quebrantos derivados de la exposición al sector inmobiliario. Para cubrir esta cuantía exigirá a las entidades provisionar en la cartera de suelo hasta el 65% de los activos. Para la vivienda terminada se pedirá un 35% y entre un 35% y un 40% para las promociones que no estén terminadas, según informa el diario elEconomista.
Condiciones
A pesar de estas menores exigencias, algunos bancos no podrán hacer frente a estas cuantías y una nueva oleada de fusiones será el resultado de la entrada en vigor de la reforma.
Las entidades que decidan continuar en solitario contarán con un plazo de seis meses para llevarlo a cabo, que deberá cargarlo contra beneficios. En caso de que éstos no sean suficientes, se permitirá a las entidades que carguen parte del coste contra reservas. De hecho, si los medios no fueran suficientes para cubrir todas las provisiones, la entidad aún podría contar con el recurso del FROB (Fondo de rescate bancario). Otro de los objetivos del Gobierno sería volver a reactivar el crédito, ya que no consideran lógico que una entidad con beneficios continúe negándose a conceder préstamos, en caso de recibir ayudas públicas.
Mientras, si la entidad afectada decide optar por la fusión o integración con alguna otra, el cargo de las provisiones se hará, en este caso, contra reservas, y se otorgará un plazo de dos años para completar el saneamiento. El objetivo esencial de la reforma financiera consiste en evitar la quiebra de cualquier entidad.