Hay quien celebra el fracaso del nacionalismo catalán que supone el cierre de Spanair. Yo lamento que una empresa se hunda y deje en la estacada a empleados y usuarios. Aunque es verdad, y deplorable, que se mantenía únicamente con respiración asistida, que el oxígeno era dinero público y que los motivos para sostener esa vida artificial no eran filantrópicos. Si al menos se prestara un servicio para el que no había alternativas. Pero la razón del despropósito empresarial era, en esencia, política. La Generalidad del tripartito vio la oportunidad de disponer de una compañía de bandera como cualquier señora nación. Quería su línea aérea propia, aunque se llamara Spanair, y hacer de El Prat un aeropuerto superferolítico por el vicio de competir con Madrid. No podía ser. La obsesión por dotarse de los atributos de un estado hecho y derecho sale muy cara y aguanta mal una crisis.
El nacionalismo catalán, sin embargo, no ha sido el único implicado en aventuras de vuelo gallináceo. Con sus excepciones, los gobiernos regionales que no han dedicado sumas millonarias a montar aeropuertos fantasma, han regado con subvenciones a líneas aéreas de bajo coste. Algunos han hecho ambas cosas. El de Ciudad Real, donde ya no vuelan ni las moscas, fue un capricho de Bono y Barreda que involucró a la Caja tristemente célebre. El de Castellón costó tanto como la catalanización de Spanair, sin contar la escultura a mayor gloria de Carlos Fabra. De Cantabria a Alicante y de Aragón a Galicia, pasando por Castilla y León, el contribuyente apoquina para que su vecino pueda viajar, pongamos, por treinta euros a Londres. Y, que ya es escarnio, para que él mismo deba pagar más por su billete a Madrid en un vuelo no subvencionado.
Buena parte del poder autonómico se ha conducido igual que la Generalidad catalana, pero sin banderas. Autonomías, diputaciones y ayuntamientos de todo signo político llevan años inyectando recursos a empresas privadas a fin de vigorizar aeropuertos alicaídos y regalar vuelos baratos. Como el asunto es de ida y vuelta le llaman promocionar el turismo. En realidad, es electoralismo. Cuando se apague el foco que ilumina el desdichado caso de Spanair, convendrá no olvidar los efectos perniciosos de este intervencionismo y su acompañante distorsión de la competencia. Algún ministro ha hablado de poner coto. Bien está la intención, pero habrá que pasar a la acción. Ahora, que hay un clamor contra el despilfarro, es el momento.