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Ultimátum de Berlín: rescates a cambio de ceder soberanía fiscal

La paciencia germana empieza a agotarse. Berlín propone que Atenas ceda su política fiscal, pero esta medida no sólo afectaría a Grecia.

Berlín ha vuelto a poner encima de la mesa su propuesta de imponer protectorados económicos a los países con problemas a fin de poder controlar sus cuentas de forma directa a cambio de ser rescatados. Es decir, esta particular cesión de soberanía nacional no sólo afectaría a Grecia.

El ministro alemán de Economía, el liberal Philipp Rösler, reclamó el pasado sábado un "mayor control y dirección" de la Unión Europea (UE) sobre Atenas, tras advertir que la paciencia "tiende a acabarse". Rösler recordaba así los reiterados incumplimientos por parte de Atenas en cuanto a las reformas, recortes y privatizaciones que imponía el plan de rescate acordado con la troika -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)-.

"Necesitamos una mayor dirección y un mayor control sobre la implementación de las reformas", indicó Rösler, añadiendo que esa supervisión debe venir "por ejemplo, de la UE". Su declaración iba en línea con la filtración del diario británico Financial Times, que desvelaba una propuesta de Alemania para que Grecia ceda el control sobre su presupuesto a un comisario nombrado por el Eurogrupo, que podría vetar decisiones gubernamentales y supervisar la aplicación de las medidas, de cara a poder ser negociada en la cumbre de líderes de la UE de este lunes.

La idea consistiría, pues, en implantar una especie de protectorado por el cual Bruselas se haría cargo de la política económica de Atenas. Sin embargo, una vez más, esta idea ha sido rechazada por la CE y el Gobierno heleno. En un comunicado emitido el domingo, Bruselas insistió en que reforzará su capacidad de supervisión sobre Grecia, pero precisando que corresponde al país la "responsabilidad" de ejecutar esas medidas, incluido el presupuesto nacional.

"Esa responsabilidad reposa sobre sus hombros y debe seguir siendo así", afirmó en un comunicado el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Amadeu Altafaj. Recordó, asimismo, que los líderes de la zona euro recalcaron en la cumbre del pasado diciembre que el programa de rescate pertenece a Grecia y su implementación es responsabilidad de las autoridades griegas.

Pero Alemania no sólo lanza esta idea pensando en Grecia sino que abre la puerta a la adopción de medidas similares para otros socios europeos en problemas. Según fuentes oficiales de Berlín, su propuesta no se ciñe a Atenas sino al resto de países que reciben ayudas y son incapaces de poner sus cuentas en orden, incumpliendo así sus compromisos internacionales, lo cual abre la puerta a la cesión de soberanía fiscal por parte de Portugal, Irlanda, e incluso España e Italia.

Los políticos alemanes insisten en la necesidad de negar nuevos rescates en caso de que se incumplan tales compromisos. Atenas precisa urgentemente el desbloqueo del segundo rescate para poder hacer frente a un vencimiento de deuda próximo a los 14.500 millones de euros a finales de marzo y evitar así su quiebra desordenada (y posible salida del euro).

El líder parlamentario del FDP -partido en el Gobierno alemán-, Rainer Bruederle, exigió una actitud implacable hacia Atenas. "La solidaridad es una calle de dos vías […] Sólo cuando los griegos proporcionen también pruebas de que se toman en serio [los ajustes] podemos y debemos ayudarles". Los parlamentarios de la coalición que sostiene a Merkel en el poder anunciaron que rechazarían el segundo plan de rescate heleno, abriendo así la puerta al temido default.

Las negociaciones con los acreedores privados para la quita griega, en Atenas, y la situación económica del país planean sobre la cumbre europea, al tiempo que se admite que el coste del rescate heleno se aproximará a los 145.000 millones de euros, 15.000 millones más de lo previsto el pasado octubre, según la última revisión efectuada por la troika. El informe considera que esa diferencia no la aportarían únicamente los acreedores privados, sino que implicará a los socios de la UE (BCE y países rescatadores).

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