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El ICO ayudará a aflorar las facturas ocultas de las CCAA

La banca pública pondrá hasta 15.000 millones a disposición de las regiones para que abonen facturas a proveedores.

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El Gobierno está decidido a sanear las cuentas de las comunidades autónomas. Eso sí, a los ejecutivos regionales que quieran la ayuda de los chicos de Mariano Rajoy no les saldrá gratis. En primer lugar, si quieren pagar a sus proveedores, tendrán que poner sobre la mesa todas las facturas que falten por abonar. Y también deberán firmar un plan de ajuste con el Ministerio de Hacienda y comprometerse a cumplirlo.

Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos presentaban este viernes tras el Consejo de Ministros el último intento del Gobierno para poner orden en las cuentas autonómicas. Se trata de una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 10.000 millones de euros (ampliable a 15.000) que ha aprobado la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

Este mecanismo de financiación podrá ir destinado a dos fines, "el pago de suministros, obras y servicios reconocidos antes del 1 de enero de 2012" y cumplir con las "obligaciones derivadas de la deuda financiera de las CCAA con anterioridad al 1 de enero". El Gobierno reconoce que con esta medida "se trata de paliar la morosidad y los aplazamientos en el pago de estas deudas para dinamizar a pymes con deudas no pagadas por las administraciones públicas". El objetivo declarado, pues, es que no haya empresas en dificultades porque un Ejecutivo regional no les pague.

El detalle

Pero el diablo, como muchas otras veces, está en los detalles. Para empezar, el Gobierno condiciona esta financiación "al cumplimiento de las exigencias de disciplina presupuestaria". Esto quiere decir que las regiones que tengan que acudir al ICO tendrán que firmar con Cristóbal Montoro un plan de ajuste y control del gasto que será monitorizado por Hacienda. Y el objetivo de déficit del año será inflexible, so pena de perder la financiación del banco público.

La segunda cuestión es incluso más delicada. El texto del decreto dice que sólo se admitirán las facturas de "suministros, obras y servicios reconocidos antes del 1 de enero de 2012". Por una parte, es una forma de no comprometerse con ningún exceso futuro. El Gobierno sólo ayudará a pagar por los desmanes del pasado. Y además, esos excesos no podrán repetirse, porque el que pida ayuda tendrá el control del Ministerio sobre sus cuentas.

Por otro lado, esta exigencia de que las facturas sean previas a 2012 podría desembocar en un florecimiento de facturas ocultas. Se habla mucho de esas cuentas que duermen el sueño de los justos en los cajones de los consejeros autonómicos. Ahora, el Gobierno les dice que les ayudará a pagarlas, siempre y cuando salgan ya a la luz y se imputen al último ejercicio. De esta manera, Hacienda admite como algo inevitable los déficits pasados: si se reconocen ahora, ayudará a pagarlos, para que al menos no dañen a proveedores privados. Eso sí, teóricamente, a los que pasen por caja les tendrán mucho más controlados.

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