Menú

Jueces para la Democracia insinúa que sus afiliados no aplicarán la reforma laboral

La asociación asegura en un comunicado que la nueva norma es "contraria al derecho constitucional".

0

Jueces para la Democracia (JpD) cree que la reforma laboral que se consagra en el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero es "ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta". La asociación, que reúne a los jueces y magistrados situados ideológicamente más a la izquierda, ha publicado este jueves en su web un comunicado en el que denuncia que con este cambio legislativo el Gobierno ataca "la esencia misma del derecho del trabajador, intentando despojarle del carácter tuitivo y compensador del tradicional desequilibrio entre las partes de la relación de trabajo".

La publicación de este texto tiene una gran importancia y no sólo por la relevancia social de JpD, la tercera asociación de la magistratura, con 520 afiliados. Hay que recordar que al final, la aplicación de todas las leyes depende en gran parte de los jueces, que son los que tienen que interpretar lo aprobado por el poder legislativo.

Pues bien, a lo largo de todo el texto, JpD insiste en que la norma desequilibra las relaciones laborales a favor de los empresarios. El comunicado mezcla consideraciones ideológicas como cuando habla del "tradicional desequilibrio entre las partes de la relación de trabajo" con pronósticos de carácter económico, que resultan curiosos en una asociación de magistrados: "La reforma no servirá para crear empleo estable y no combatirá la dualidad del mercado de trabajo".

La jurisdicción social está desde hace años en el punto de mira de los empresarios, que acusan a los magistrados de decantarse siempre del lado del trabajador, haciendo interpretaciones muy extensivas de la ley. En España, al menos hasta la última reforma del mercado laboral aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, más del 90% de los despidos eran declarados improcedentes en los juzgados, lo que suponía un altísimo coste para las empresas.

La reforma laboral del Gobierno clarifica las causas de despido objetivo para acabar con esta anomalía (en la mayoría de los países europeos los procedentes son la inmensa mayoría). Sin embargo, para JpD:

Esta nueva degradación de la causalidad en el despido (...) es contraria al derecho constitucional al trabajo que consagra el art.35 de la Constitución que, como ha recordado el Tribunal Constitucional, integra el derecho a no ser despedido sin causa justa.

Es una afirmación dura, que va seguida de otra cuando menos sorprendente:

Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo otorgan al empresario.

Seguiremos sin duda en esa línea, obviando las muestras de desconfianza del legislador materializadas en las reformas introducidas a la ley procesal.

Leyendo todo se saca la conclusión de que JpD cree que la nueva norma es inconstitucional y que da demasiado poder al empresario. Hasta aquí, todo correcto, es una opinión respetable como otra cualquiera. El problema es que luego se desliza la insinuación de que no aplicarán el nuevo precepto, cuando dicen que actuarán "poniendo freno a los posibles abusos" que de la norma se pudieran derivar.

En Libre Mercado

    Servicios

    • Inversión
    • Seminario web
    • Podimo
    • Tienda LD