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El Gobierno aplicará una quita a los proveedores del sector público

El mecanismo para adelantar facturas pendientes a proveedores de la Administración no cubrirá el importe total de la deuda.

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Hacienda y Economía están ultimando el nuevo mecanismo de financiación para garantizar el pago de facturas pendientes a proveedores que acumulan las administraciones públicas. El nuevo mecanismo, que previsiblemente será aprobado este viernes en Consejo de Ministros, contempla la creación de una línea de liquidez a través de un "consorcio bancario" formado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y diferentes entidades crediticias, según anunció el miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La idea consiste en adelantar el pago de "todas las facturas" que, especialmente CCAA y ayuntamientos, adeudan a sus proveedores mediante un "procedimiento ágil", con el objetivo de saldarlas en los próximos meses, aclaró el ministro. Según fuentes empresariales consultadas por Libre Mercado, el volumen total de deuda pública con el sector privado oscila entre los 30.000 y los 35.000 millones de euros, y los retrasos en el cobro están hundiendo la viabilidad de numerosas compañías, pymes y autónomos.

Pero cobrar antes también tiene un precio. Aunque todavía se están ultimando los detalles de dicho mecanismo, el adelanto de los pagos no cubrirá los intereses de demora -próximos al 8%- y, además, los gastos de gestión correrán a cargo del proveedor. De hecho, el Gobierno baraja aplicar una quita sobre el principal de la deuda, de forma que las empresas no cobrarían el importe total de la factura. Es decir, los interesados en saldar cuanto antes sus cuentas con el sector público podrán acudir a las entidades financieras a redescontar su deuda, aceptando un descuento sobre el principal. De ahí, precisamente, que el Gobierno, "en ningún caso", contemple aportar los 30.000 millones de euros de deuda con proveedores que han barajado algunos medios, según estas mismas fuentes.

A principios de febrero, el Ejecutivo decidió dotar hasta un máximo de 15.000 millones de euros una línea del ICO, dividida en dos tramos, para que las CCAA afronten los pagos pendientes con proveedores y financien sus vencimientos de deuda. En el segundo tramo, el ICO realizará directamente los pagos a los proveedores a través de una entidad financiera. Estos préstamos a las CCAA tendrán un vencimiento único de 11 meses y el tipo de interés será el de referencia ICO más 175 puntos básicos. El mecanismo que ultima ahora el Gobierno clarifica y complementa el pago a proveedores de CCAA y ayuntamientos mediante un "consorcio bancario",  pero no cubrirá el total de la deuda.

Un caso típico: las empresas de limpieza y basuras

Las empresas de limpieza viaria y recogida de basuras es uno de los ejemplos típicos de empresas que están afectadas por la morosidad de la administración. Se trata de un sector dominado por grandes compañías que arrastran una situación que ha llegado a ser límite.

Estas compañías trabajan con contratos, normalmente a largo plazo, principalmente con ayuntamientos: actualmente ofrecen sus servicios a unas 6.500 entidades municipales en España y emplean a unos 125.000 operarios, después de que la reducción del importe de los acuerdos con muchas grandes corporaciones haya significado ya una primera ola de despidos que ha afectado, principalmente, a todos los miembros eventuales de sus plantillas, que trabajaban en turnos de fin de semana, en campañas especiales del año (otoño, navidad...) y en sustituciones.

La deuda que soportan estas compañías en este momento ronda los 3.100 millones de euros, lo que las convierte en uno de los más afectados por la morosidad, junto con construcción y farmacia. No es de extrañar, por tanto, que la situación de las empresas sea límite, según fuentes del propio sector. Tanto que, de no solucionarse el problema a corto o medio plazo, se podría iniciar una ola de suspensiones de pago y un ajuste de plantillas que algunas fuentes no dudan en calificar como "brutal".

No es de extrañar, por tanto, que la mera aparición de la noticia de un plan de pago haya supuesto "un gran alivio" dentro del sector, tal y como nos cuenta Francisco Jardón, presidente de la patronal que agrupa a estas empresas, ASELIP.

Así, Jardón afirma que han visto las informaciones sobre este plan "con muchas esperanzas, dado que la situación del sector del saneamiento urbano es muy grave, peor que nunca". No obstante, la prudencia se impone: "En cualquier caso, hasta que se conozca la letra pequeña del plan tenemos que expresar grandes reservas".

No es para menos ya que, según se articule el plan, las empresas podrían enfrentarse a un difícil dilema: lograr la imprescindible liquidez pero a cambio de situar a la compañía en una situación contable muy complicada.

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