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Soraya desvela el 'escándalo' inmobiliario del sector público

La "reducción" inicial del Gobierno incluye el 20% de las entidades públicas. Se pagaba 100 millones en alquileres pese a tener patrimonio vacío.

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Ya se lo advirtió a Mariano Rajoy a su gabinete en privado: "Hay que ahorrar hasta quedar en lo imprescindible". En ello está el Gobierno, en general, y una implicadísima Soraya Sáenz de Santamaría, en particular. Una tijera que afectará en especial a las entidades públicas, que adelgazarán, en una "reducción inicial", un veinte por ciento. Pero, además, la vicepresidenta primera destapó un auténtico escándalo inmobiliario del sector público, por el que se perdían cientos de millones de euros.

De nuevo a petición propia, Saénz de Santamaría acudió al Senado para rendir cuentas ante la Comisión Constitucional. A sus señorías presentó una maraña administrativa inviable en el contexto de crisis: actualmente existen 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios. "Son muchos, son ineficientes y, en algunos casos, excesivamente caros", resumió, pasando de la brocha gorda a la letra pequeña.

El objetivo del Ejecutivo, en el que lleva ya tiempo trabajando, es reducir, fusionar y eliminar tal amalgama de entidades. Las que "no sirvan a un propósito público, claro y justificado" serán eliminadas. También serán revisadas "las participaciones no mayoritarias en sociedad privadas en las que el interés general no precise la presencia de ello". Fin a lo superfluo, y que en el Gobierno admiten que es mucho.

La primera cifra que sacó a colación Sáenz de Santamaría, y que debió de provocar el sonrojo en las filas socialistas, fue la de la deuda acumulada por los organismos públicos: 60.000 millones de euros, según el Banco de España. "Prácticamente el triple que hace tres años", que hizo a la portavoz del Gobierno calificarla de "demoledora".

Siguiente dato: los directivos de empresas públicas han estado cobrando "más de 250.000 euros al año", extremo ya modificado por el Gobierno por "insostenible" e "injustificable". Recuerden que el presidente ordenó imponer un límite de al menos un treinta por ciento a estas retribuciones y limitó a quince el número de miembros de sus consejos de administración, informa EFE.

De igual forma, el Gobierno establece un marco de referencia para todos los salarios públicos, estableciendo criterios objetivos en el caso de los ayuntamientos, que atiendan a su dimensión, presupuestos y circunstancias socioeconómicas.

Austeridad y transparencia es el mantra del Ejecutivo, y en especial de Sáenz de Santamaría. Sobre el segundo de los puntos, anunció que el anteproyecto de ley será aprobado este mismo viernes, y establecerá sanciones para los responsables públicos que incumplan la regla de oro del déficit público así como de endeudamiento. Serán penalizaciones administrativas, "no mera recomendaciones". O, en otras palabras, "la respuesta será contundente", en voz de la vicepresidenta, que concretó que una ley orgánica complementaria modificará el Código Penal para las sanciones a las conductas más graves, que llevarán aparejadas penas de inhabilitación.

Cien millones de euros en alquileres

Sin abandonar este capítulo, Sáenz de Santamaría hizo especial mención a los inmuebles del Estado. La comparativa que hizo la vicepresidenta deja con la boca abierta: la administración dispone de 55.000 edificios para uso exclusivo (más de 400 en el extranjero) pero paga 100 millones de euros en alquileres. Ante tal escándalo, anunció la puesta en marcha inmediata de un plan integral de gestión inmobiliaria.

Para Sáenz de Santamaría, es "inaceptable" que en Madrid haya patrimonio sin utilizar por valor de 500 millones. La norma será a partir de ahora "mirar cada euro que se gaste" para evitar el absurdo marca de la casa del anterior Gobierno.

Tal y como informó Libre Mercado, la Administración General del Estado podría prescindir del 34% de sus edificios sin menos cabo para sus actividad. Esto se traduciría en unos 14.000 millones de euros, según un estudio de Aguirre Newman. En este sentido, el Ejecutivo establecerá pautas homogéneas para la gestión de los inmuebles. Se definirán criterios semejantes de valoración de bienes, gestión de activos, ocupación de espacios y planificación de proyectos, de obras y servicios generales de mantenimiento y conservación.

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