Hace escasas semanas la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, reiteraba la supuesta posición del PP a favor del equilibrio presupuestario con las siguientes palabras: "No se puede gastar más de lo que se ingresa, y sobre el que gaste más caerá el peso de la ley, porque la primera obligación de un responsable político es saber gestionar con lo que tiene y no comprometer el futuro con lo que no tiene". Pues bien. Ahora el presidente del Gobierno entiende, sin embargo, que España no puede llegar a un techo de déficit del 4,4%, tal y como le exige Bruselas en el presente año, sin provocar nada menos que un "crack" nacional.
La razón para semejante bandazo en el discurso del PP es la misma mala excusa que el gobierno ya había utilizado para justificar el incumplimiento de su promesa de no subir los impuestos: el hecho de que el déficit en el 2011 ha sido del 8,5%; es decir dos puntos y medio por encima del 6% comprometido por el anterior gobierno socialista. Sin embargo, ¿nos hemos olvidado de la oposición del PP a cualquier aumento de la presión fiscal a finales del año 2010, cuando el déficit era del 9,2 por ciento, o a finales del 2009, cuando el déficit alcanzó nada menos que el 11,2 por ciento?
No, hombre, no. A otro perro con ese hueso. La auténtica razón por la que el equilibrio presupuestario ha dejado de ser para el PP "la primera obligación de un responsable político" para pasar a convertirse en vía al "crack nacional" no es otra que la inamovible renuencia a reducir una serie de gastos públicos, que nada tienen que ver con las pensiones, ni con el mal llamado "gasto social", ni lo que se considera funciones nucleares del Estado tales como la Justicia, seguridad y defensa, tal y como Juan Ramón Rallo ha demostrado con partidas y números en la mano. Esa renuencia a predicar con el ejemplo explica también que ayuntamientos y gobiernos autonómicos del PP hayan contribuido decisivamente a que el déficit en el 2011 haya sido aun mayor que el previsto.
Aunque Rajoy ni nadie en el gobierno se atrevan, por ahora, a sostenerla pública y abiertamente, lo cierto es que están inoculando una falsedad tan constatable como es la de afirmar que un ahorro de 40.000 millones para cumplir con el objetivo del déficit público del 4,4% este año, supondría poco menos que "tocar hueso", una dantesca situación en la que hasta las pensiones correrían peligro. Si, claro; como si por ese importe no quedara grasa que cortar en un Estado que gasta cerca de los 500.000 millones de euros anuales.
Al margen de hacer suya la táctica socialista de meter miedo a los jubilados, peor es que Rajoy esté dando la razón a Rubalcaba cuando este pedía, durante la pasada campaña electoral, una moratoria a Bruselas de cara a cumplir los objetivos del déficit. Lo peor es también que, con este enfoque, Rajoy nos aboca a una nueva subida de impuestos como única forma de reducir el desequilibrio presupuestario. Con ella Rajoy contribuiria aun más a contrarestar los efectos positivos de su reforma laboral abocándonos al estancamiento. Y todo por su renuencia a cumplir con "la primera obligación de un responsable político" por la vía exclusiva de reducir el gasto público.