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EDITORIAL

Las autonomías pueden y deben reducir su déficit

Tal y como ha recordado oportunamente el secretario de Estado, Antonio Beteta, mientras la administración central ha reducido en esta década su personal un 22%, las comunidades lo han aumentado un 44% y las corporaciones locales un 39%

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A pesar de que los nuevos y más laxos objetivos de reducción del déficit aprobados por el gobierno para el conjunto de las administraciones públicas implican un tope de déficit para las autonomías del 1,5% del PIB en 2012, frente al 1,3% establecido para 2011, no han faltado dirigentes autonómicos que todavía han solicitado al Ejecutivo mayor margen de desequilibrio presupuestario en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este martes. Tras numerosas negociaciones, y gracias a la firmeza del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, las comunidades del PP han respaldado finalmente ese tope del 1,5%, que sólo ha concitado el voto contrario de Andalucía y la abstención de Cataluña y Canarias.

Esperemos que ese compromiso de las comunidades autónomas por implicarse también en la lucha contra el déficit público sea algo más que un gesto hacia la galería o un medio para que no se visualicen discrepancias en el seno del partido en el Gobierno. Y lo decimos porque, tal y como ha recordado el propio Beteta, todas las comunidades autónomas ya aprobaron anteriormente un objetivo aun más ambicioso de reducción del déficit, como era el del 1,3%, y sin embargo todas ellas –con la excepción de Madrid y Galicia- lo han incumplido en 2011 clamorosamente. De hecho, conviene recordar, también en ese sentido, que el déficit autonómico y, en menor medida, el municipal han sido decisivos en el hecho de que el desequilibrio presupuestario del conjunto de las administraciones públicas fuera el pasado año del 8,5 por ciento en lugar del previsto 6 por ciento.

Por mucho que haya gobernantes autonómicos que tengan que pechar con una herencia tan desastrosa como la que tiene que hacer frente el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha, lo cierto es que muchas comunidades, también algunas gobernadas desde hace años por el PP, se han comportado como si la crisis que padecemos no fuera con ellas. El secretario de Estado Beteta ha recordado este martes un dato muy elocuente, en este sentido, como es el hecho de que, mientras la administración central ha reducido en esta década el 22% su personal, las comunidades lo han aumentado un 44% y las corporaciones locales un 39%.

Conviene, no obstante advertir que la aparente firmeza en el tope de déficit puede encontrar una indeseable válvula de escape en la lamentable decisión del ministro Montoro de elevar el tope de deuda de las autonomías hasta el 13 por ciento de sus respectivos PIB, reflejada en el proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria aprobado en el último Consejo de Ministros, frente al 10% que fijaba el anteproyecto de dicha ley de 27 de enero de 2012. Esperemos que la posibilidad de contraer nuevos créditos, que este nuevo tope permitirá a muchas autonomías, no sea una forma de burlar el esfuerzo por ajustar gasto e ingresos.

En cualquier caso, los gobernantes autonómicos y municipales no sólo deben reducir su personal directo, sino que deben cerrar ya la sangría que suponen las televisiones autonómicas, la duplicidad de competencias, las embajadas, los ineficientes empresas o los costosísimos delirios culturales e identitarios a cargo del contribuyente. Hay multitud de ayuntamientos que pueden y deben fusionarse, como también se debe abrir un debate sobre si es conveniente que las autonomías ejerzan competencias que también ejercen diputaciones y ayuntamientos.

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