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El primer plan de Rajoy deja intactas a las grandes empresas públicas

El Gobierno cierra un puñado de entes casi sin actividad. El ahorro será mínimo; pero promete que sólo es el comienzo.

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El plan de reestructuración del sector público empresarial que ha anunciado este viernes Soraya Sáenz de Santamaría no tocará a ninguno de los grandes entes en manos del Estado. De las 335 entidades del entramado (262 empresas, 59 fundaciones y 14 consorcios), apenas 45 se han visto afectadas (24 extinciones, 8 desinversiones y 13 liquidaciones). Además, el Gobierno adelanta la desinversión de participaciones minoritarias en otras 35.

El problema no es tanto la cantidad de las implicadas, como su relevancia. Pese a la importancia que el Gobierno ha querido otorgar a la decisión y a la seriedad con la que su vicepresidenta ha desgranado las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, lo cierto es que lo presentado apenas supone un ligero arañazo en la superficie del coloso empresarial que aún sigue en manos de la Administración Central. La propia Sáenz de Santamaría ha reconocido que no tenían aún cifras de ahorro y que, por ahora, sólo podían calcular la reducción en los sueldos de los consejeros, que ha situado en algo más de 1 millón de euros.

Eso sí, desde Moncloa se asegura que éste es sólo un primer movimiento, al que seguirán muchos otros. El equipo económico de Rajoy defiende que tiene en la cabeza la racionalización del sector público empresarial y que irá acometiendo poco a poco su reestructuración. En la primera legislatura del Gobierno de Aznar, se vendieron empresas públicas por valor de más de 30.000 millones. Existe un proverbio chino que dice que "el camino más largo siempre comienza por un pequeño paso". Si creemos su versión, éste sería el primer paso del nuevo Ejecutivo. Ha sido pequeño. Ahora sólo queda ver cómo de largo será su camino.

La foto

Hacer una foto del sector público empresarial en su totalidad es realmente complicado. La Intervención General de la Administración del Estado publicó hace unos meses su informe sobre su estructura, con datos de 2009. Sólo la longitud de este trabajo (1.176 páginas) ya asusta y sirve de pista de la mastodóntica estructura que las administraciones públicas españolas han ido creando a lo largo de los años.

Sólo contando empresas, fundaciones y consorcios públicos encontramos un total de 4.023 entes, una cifra llamativa y que sorprende más aún si tenemos en cuenta que en 2004 sumaban únicamente 2.667. Del total de entidades, 335 pertenecen a la administración central, 1.895 a las autonomías y 1.793 a los ayuntamientos. Lo primero que hay que decir es que la decisión del Gobierno sólo afecta a esas 335 entidades del Estado. Sobre los entramados regionales o municipales no se espera ninguna decisión. La propia vicepresidenta ya ha alertado de que no se meterán en las competencias de otras administraciones.

Según las cifras del Ministerio de Hacienda, el presupuesto de los entes públicos (incluyendo las agencias estatales) fue de 3.728 millones de euros en 2010. Esta cantidad no es ni alta ni baja, puesto que los entes público empresariales se supone que participan en el mercado y recuperan la inversión (parte al menos) con su actividad económica. Por lo tanto, para conocer la eficiencia del entramado, lo mejor es mirar su deuda. Este viernes, el Banco de España ha publicado las estadísticas de la deuda de las empresas públicas y asciende a los 55.865 millones, un 5,2% del PIB, de los que 32.687 millones corresponden a las estatales, 13.870 a las regionales y 9.328 a las municipales.

Las empresas del Estado

Como decíamos antes, lo anunciado por el Gobierno sólo afecta a las empresas de la Administración Central de acuerdo al siguiente esquema:

  • Extinción de 24 sociedades. Por importancia, caben destacar la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA), Remolques Marítimos, SA (Remolcar) o la Sociedad de Venta de Loterías (SEVALAE).
  • Desinversión en 8 sociedades (Olimpia Moll o Cytasa entre otras).
  • Agilización de la liquidación en 13. Por ejemplo, Barcelona Holding Olímpico o Izar.

Como vemos, son entes de muy poca importancia, tanto por su ocupación como por su peso económico. Aunque es escandaloso que siga abierta una sociedad para la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América o que hubiera una empresa destinada a la promoción de la tortilla española, desde el punto de vista de las cuentas públicas, su supresión apenas supondrá un mínimo arañazo. Lo importante queda intacto.

¿Y qué es lo importante? Pues de esos 335 entes de los que hablábamos antes, 262 son las llamadas empresas públicas. De éstas, en 192 el Estado es el único propietario y en 27 más tiene más del 70% de las acciones. Es en este grupo, en el que se integran las grandes corporaciones públicas que salen indemnes del primer asalto privatizador.

La lista es muy larga, pero podrían destacarse a Adif, Aena, Efe, RTVE, Tragsa, Red.es, Feve, Hunosa, ICO, Paradores, Loterías o Correos. Además, muchas de estas sociedades se integran en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que también posee porcentajes minoritarios en algunas grandes empresas como EADS (5,47%), Enagás (5,00%), Red Eléctrica (20,00%), IAG – Iberia (2,71%) o Ebro Foods (8,65%).

En un momento como el actual, con las administraciones públicas en números rojos y la necesidad de rebajar el déficit en 5 puntos en dos años (unos 50.000 millones), muchos se preguntan cuánto podría sacar el Estado español por estas participadas. Es cierto que dedicar estas ventas a reducir el déficit podría ser algo engañoso (son ingresos extraordinarios que no se repetirán en otros años), pero no lo es menos que deshacerse del sector empresarial público eliminaría de un plumazo una deuda de 50.000 millones y acabaría con actividades que son un sumidero para el dinero del contribuyente (por ejemplo, RTVE, tras un recorte de 200 millones, mantendrá un presupuesto de 1.000 millones de euros).

Privatizaciones

Siempre es complicado hacer una valoración de una empresa que no está en venta, pero podríamos calcular que las participaciones en las sociedades cotizadas supondrían entre 2.500 y 3.000 millones de euros para las arcas del Tesoro. En el resto, también hay suculentos negocios por hacer. Por ejemplo, con las fallidas ventas del 49% de Aena y del 30% de Loterías el Gobierno anterior pretendía sacar unos 14.000 millones de euros. De esta manera, el valor de mercado del gestor aeroportuario, si se vendiese en su totalidad, podría situarse entorno a los 15.000 millones, mientras que Loterías podría casi llegar al doble de esta cantidad (aunque ésta es una fuente de ingresos constantes para el Tesoro).

De esta manera, la privatización de Renfe, Adif, Efe, RTVE o Paradores podría aportar suculentos ingresos a las arcas del Estado. ¿Cuánto? Dependería mucho de las condiciones de la venta, pero entre 1996 y 1999 se logró sacar más de 30.000 millones de euros de aquellos años. Muchos pensarán que es imposible vender algunas de las empresas citadas anteriormente, pero lo mismo podría pensar de Telefónica o Iberia, y ahora su pasado público suena lejanísimo.

¿Por qué?

La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es por qué el Estado sigue tan presente en sectores económicos que podrían sobrevivir perfectamente sin su participación. Las razones son varias: para empezar, las empresas públicas permiten a los políticos manejar grandes presupuestos sin el estricto control de los interventores de Hacienda. Esto genera unos perversos incentivos, que se han puesto de manifiesto especialmente en los últimos años en comunidades y ayuntamientos.

La dinámica es sencilla: un Gobierno autonómico levanta una empresa o se hace una compañía privada en quiebra. De esta manera, crea empleo (a costa de los contribuyentes) y genera una maraña clientelar agradecida al político de turno. Además, como son compañías independientes y sujetas a criterios de mercado (supuestamente), no tienen la mala imagen de la burocracia tradicional. Todo son ventajas, aparentemente.

El problema llega cuando esas empresas empiezan a expulsar del mercado a competidores privados, con la ventaja del respaldo público (el caso de RTVE es clarísimo); cuando comienzan a financiarse vía presupuestos y no por sus ventas; o cuando comienzan a acumular deudas que al final tiene que pagar el contribuyente (las televisiones autonómicas, por ejemplo, se deshacen de sus números rojos con cargo al Presupuesto cada poco tiempo).

Además, una vez que una empresa pública se consolida es muy complicado cerrarla (sólo hay que ver el ejemplo, más bien chusco, de la Sociedad del V Centenario). Las últimas convocatorias de huelga en Aena, Renfe o RTVE denunciaban los supuestos intentos de privatización. Es muy difícil que un colectivo que se siente protegido ceda sus privilegios sin pelear. Y estos trabajadores tienen mucha capacidad de movilización y presión. De nuevo, podríamos recordar todo lo que se dijo en las fechas previas a la privatización de Telefónica, Iberia o Endesa.

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