En mayo de 2010, Zapatero decidió rebajar el sueldo a funcionarios y congelar las pensiones para ahorrar 5.000 millones de euros. No le quedaba otro remedio, nos aseguró. Este viernes, el Gobierno de Mariano Rajoy ha recortado los gastos de la Administración Central en 18.000 millones, más del triple que Zapatero, sin rebajar ninguna de esas partidas. Sí, se puede argumentar que el socialista se vio obligado a tomar esa medida de un día para otro, y en esas circunstancias es difícil elaborar algo mejor. Pero una vez superado el momento de mayor urgencia tampoco hizo absolutamente nada para recortar los gastos del Estado de una forma más racional y que afectara menos a los españoles.
Si en diciembre el nuevo Gobierno decidió asumir la mitad del ajuste, cargando la otra mitad sobre los exhaustos hombros de los españoles, en estos Presupuestos Generales del Estado ha decidido aumentar a dos tercios el recorte, reduciendo a uno la subida impositiva. Algo hemos mejorado. Pero si ya entonces era criticable, existiendo tanto margen para recortar, que no se optara por reducir el a todas luces excesivo tamaño del Estado, no hay razones para cambiar de opinión, habiendo tenido mucho más tiempo para decidir cómo.
Es cierto que algunos de los cambios más necesarios requieren de mucho más tiempo que los escasos tres meses que lleva Rajoy en La Moncloa. No puede ser que nuestras autonomías sólo gasten, recibiendo los beneficios políticos del derroche, pero no se preocupen de recaudar, lo que impondría un límite a sus desmanes. No podemos aguantar semejante exuberancia de administraciones, hasta cuatro por ciudadano, con ayuntamientos para cada núcleo de población sea del tamaño que sea. Pero el problema es que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo primero que ha hecho al presentar los presupuestos es lamentar no haber podido anunciar un incremento del gasto. Si el Gobierno no se cree que el Estado debe reducirse, su labor se limitará a medidas meramente contables.
El Gobierno no debió subir impuestos en diciembre, ni debía subirlos ahora. No obstante, una vez tomada la decisión de subir el impuesto de sociedades, al menos se ha optado por la mejor vía de las posibles para llevarlo a cabo: la eliminación de deducciones. La amnistía fiscal es una medida difícil de defender desde el punto de vista ético; perdonar a los infractores siempre es castigar a quienes no lo son. Pero en una situación de emergencia como la que estamos podría ser defendible. No obstante, habrá que ver si en estos momentos de tanta incertidumbre sobre el futuro del euro se repatrían tantos capitales como espera el Gobierno, nada menos que 25.000 millones de euros.
En definitiva, no cabe duda que en materia económica el cambio de Gobierno ha sido a mejor, a mucho mejor. Las medidas que se toman son racionales y van encaminadas a cumplir con objetivos que también lo son. Pero precisamente porque el PP es ya el único que nos puede sacar del camino griego, es necesario que acometa esa tarea con todas sus consecuencias. Es el momento de reformar el Estado.