Menú

Francisco Cabrillo: "El sistema autonómico está mal diseñado"

El presidente de Libertad Digital afirma que la "centralización administrativa no es necesariamente la mejor solución" para España.

0

En los últimos meses ha resurgido con fuerza un intenso debate político y económico en torno al modelo territorial español. El gasto desmedido de las comunidades autónomas y la fragmentación del mercado único ha reabierto la necesidad de repensar el Estado de las autonomías. El presidente de Libertad Digital, Francisco Cabrillo, analizó el actual sistema en una conferencia celebrada el jueves por la Cátedra "la Caixa" Economía y Sociedad en Madrid. Bajo el título Descentralización política y regulación económica, Cabrillo, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense, enumeró las principales deficiencias del modelo autonómico español, aportando las posibles soluciones.

"El sistema autonómico español está mal diseñado". La clave del problema radica en que "unos gastan [comunidades autónomas] y otros recaudan [gobierno central]", lo cual genera importantes "efectos indeseados". Efectivamente, en un momento en el que la atención se centra en el abultado déficit que presentan las autonomías, cabe preguntarse cuál es el mejor medio para limitar el gasto público en un modelo descentralizado como el español. En este sentido, Cabrillo señaló que la "centralización administrativa no es, necesariamente, la mejor solución", al tiempo que la descentralización española es "manifiestamente mejorable".

"En economías con un alto grado de descentralización, la distribución de competencias tiene una gran relevancia", añadió. Y en el caso de España, "el problema de fondo es, sin duda, la defectuosa distribución de competencias en lo que se refiere a los gastos y a los ingresos públicos" entre las distintas administraciones. "La teoría económica demuestra que si los ingresos son compartidos", como sucede en España, "el volumen de gasto público tiende a aumentar", mientras que si la recaudación está descentralizada, "el incentivo a limitar el gasto es mayor", enfatizó Cabrillo.

España se engloba en el primer caso, ya que las CCAA participan de los ingresos estatales, lo cual genera perversos incentivos. Y es que, "si el gobernante autonómico obtiene la rentabilidad política que supone el gasto y traspasa al Gobierno central el coste político que necesariamente implica el pago de impuestos llevará, con alta probabilidad, el nivel de gasto público más allá de lo posible".

Además, en el caso español se produce la paradoja de la tentación del oligopolio: "A los gobiernos no les gusta competir, prefieren llegar a un acuerdo". Para ello, suele existir una autoridad superior -gobierno central en España o Comisión Europea en la UE-, que es la encargada de frenar la competencia regulatoria y fiscal entre las distintas administraciones. Esto, precisamente, hace que "ningún contribuyente tenga incentivos para cambiar su residencia por razones fiscales". Aunque en ciertos momentos alguno de los entes subcentrales decide romper ese oligopolio, como es el caso de la Comunidad de Madrid en España o Irlanda a nivel europeo -con un Impuesto de Sociedades muy inferior a la media comunitaria-.

Cabrillo destacó el caso de la Comunidad de Madrid que, tras eliminar el Impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, obligó a otras autonomías y al propio Gobierno central a seguir el ejemplo. En el sistema federal de EEUU la competencia fiscal está mucho más desarrollada. Así, por ejemplo, los estados del sur, los más pobres del país, cuentan con una presión fiscal menor que los del norte, así como una regulación más favorable a las empresas para atraer inversiones. Y los datos demuestran que la distancia en cuanto a riqueza entre los estados del sur y del norte se ha reducido de forma sustancial en los últimos años. Curiosamente, "mientras que en los estados del sur de EEUU se pagan muchos menos impuestos que en los del norte, en España sucede justo al revés: en Andalucía se pagan más impuestos que en Madrid", ya que las regiones pobres no tienen ningún incentivo para competir fiscalmente con las autonomías ricas al participar de los impuestos del Estado.

Por ello, según Cabrillo, "la competencia administrativa [al igual que la empresarial] favorece al ciudadano". Así, por ejemplo, "en un sistema con impuestos descentralizados, el gasto de los entes subcentrales será menor, ya que el político regional tendrá que pagar el coste político de cada euro que gaste". La competencia fiscal permite el voto con los pies: los contribuyentes (personas y empresas) residirán en uno u otro lugar en función del nivel de servicios públicos y presión fiscal que más les convenga.

Pero la competencia no sólo es buena en materia tributaria sino también regulatoria. "La competencia regulatoria y fiscal favorece a los ciudadanos, ya que permite que las diversas administraciones ofrezcan modelos de regulación diferenciados y niveles diversos de gastos e ingresos públicos", de forma que las personas y empresas pueden elegir "en cuál de ellos prefieren residir o invertir".

Además, "programas diferenciados de política fiscal -u otra regulación- no tienen por qué constituir un freno al desarrollo del mercado único. Al contrario, la competencia puede ser una defensa frente a estrategias por parte de los gobiernos para mantener una presión fiscal o un nivel de regulación elevada frente a lo que la mayoría de sus ciudadanos quieren", indicó.

La solución, pues, según Cabrillo, es la "competencia regulatoria", incluso "en el mercado de trabajo", como sucede en EEUU, en donde existen diferentes legislaciones y modelos laborales. En este sentido, centralización e intervencionismo "suelen ser dos caras de una misma moneda". Así, si bien en España el Gobierno central ha transferido a las CCAA servicios públicos importantes como sanidad y educación, "conserva competencias regulatorias muy relevantes".

Es decir, aunque quisieran, hoy por hoy, las autonomías "no podrían reducir determinadas partidas presupuestarias, simplemente porque la norma estatal se lo impide". Por ello, el Gobierno debería flexibilizar estas regulaciones, facilitando a las autonomías poder elegir con una mayor libertad a qué servicios quieren dar mayor prioridad y en cuáles quieren gastar menos.

Cabrillo concluyó su intervención con la siguiente advertencia: "La centralización no es necesariamente la solución" a los problemas institucionales de España; sin embargo, "el modelo de descentralización español es manifiestamente mejorable".

En Libre Mercado

    Servicios

    • Inversión
    • Seminario web
    • Podimo
    • Tienda LD