He dicho con frecuencia que la gravedad de la situación económica española es quizá la menor de las gravedades. De un modo u otro, con medidas duras de ajuste, antes, y si son más blandas, después, saldremos del caos en el que nos metieron y, con esfuerzo y buena voluntad, llegaremos a recuperar la posición que tuvimos.
Más difícil es, sin embargo, resolver y recuperarnos de la grave enfermedad política, social e intelectual, que hundió nuestra nación, y a la que nadie o pocos están dispuestos a ponerle remedio. La mentira, la corrupción, la prevalencia del interés privado sobre el interés común, se han convertido en hábitos de quienes tendrían que ser ejemplo de ciudadanía y de honestidad.
La población está más interesada en los dimes y diretes de los famosos que en exigir buen gobierno, buena justicia y una legislación justa. Los que nada tienen que decir, salvo reclamar subvenciones, son los adalides de la cultura. El más necio dispone de tribuna para convertir en máxima de conducta su última necedad.
La víspera de la Huelga General (¡qué vergüenza Dios mío!) hubo que oír en boca del señor Fernández Toxo que "prima el derecho a la huelga por encima de otros derechos". La barbarie de la expresión ha alcanzado rango histórico. O sea, que el derecho a la huelga (un negocio de los sindicatos y de los partidos de izquierda para mantener el inmovilismo de sus privilegios) está por encima del derecho a la vida (negado efectivamente por el aborto y la eutanasia), está por encima del derecho al honor y a la fama (vituperado mediante impunes insultos y campañas de desprestigio), está por encima, naturalmente, del derecho de propiedad (salvo el de la de uno, los demás son reflejo de una burguesía decadente).
Y, viniendo al caso más sangrante hoy, está por encima del derecho al trabajo, por eso no hay que preocuparse por los parados. Es más, estos son una oportunidad de beneficio para los sindicatos (beneficio en las negociaciones de los ERE; subvenciones para los cursos de formación, aunque no se den; minutas en los juicios ante lo social de los abogados sindicales...), por lo que, a más parados, más beneficio.
Ante todo esto, el ideal de vida progresista es la Huelga General que, aún con la violencia piquetera (apelativo argentino de su actividad), fracasa con estrépito. Si hubiera tenido éxito, ¿quién habría pagado el daño a la economía nacional? He estimado que en un día hábil se genera en España un producto de, aproximadamente, cuatro mil millones de euros, lo que ingresaría, más o menos, mil quinientos millones por IRPF y unos setecientos millones por IVA. ¿Podemos permitirnos estas pérdidas, sólo por el berrinche de la izquierda (sindicatos y partidos) porque no se les vota?
En España, sin embargo, hay gente muy buena, que trabaja y no violenta la calle, pero la imagen exterior es la de estos facinerosos, parásitos en un cuerpo llamado España.