En el capítulo de rentas y dividendos, el Gobierno introduce también, vía Real Decreto Ley, una serie de medidas de carácter excepcional para favorecer la atracción de rentas y contribuir también a la consolidación fiscal. Así, se fija un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012.
Además, se aplica un gravamen especial de atracción de rentas no declaradas. Es decir, una suerte de amnistía fiscal para defraudadores. Hacienda endurecerá el régimen sancionador tributario en 2013, pero con anterioridad permitirá una regularización extraordinaria de capitales, previo pago de un gravamen complementario del 10% del importe de los bienes y derechos aflorados. Los contribuyentes podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria. El plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre.
Esto significa que quienes tengan bienes o capitales no declarados, podrán regularizar la situación de forma confidencial y pagando un tipo único del 10%. Esta medida excepcional, que el PP ha criticado con dureza en varias ocasiones, pretende recaudar 2.500 millones de euros. Dice que así permitirá aflorar los capitales ocultos.
Los inspectores de Hacienda ya han dicho que la medida iría frontalmente en contra del artículo 31 de la Constitución, que establece que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".
Ven paradójico que "a los que pagan impuestos se les suban" y "a los que no, se les perdonen" y alertan de que esta medida "dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal". Para los Técnicos de Hacienda (Gestha), la fórmula supone un "agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen, a los que se grava hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán pagar un 10% y evitar recargos y sanciones".