A imagen y semejanza del Gobierno de España, también la Generalidad de Cataluña subvenciona a las fundaciones y demás entidades sin fin de lucro vinculadas a los partidos presentes en el Parlamento de la Comunidad Autónoma, unas ayudas que el gobierno regional va a mantener también este año por un importe total de 530.000 euros.
Estas subvenciones están restringidas a los "centros de pensamiento" de los partidos políticos presentes en el arco parlamentario catalán, los cuales deberán dedicar ese dinero público a la realización de "estudios o actividades relacionados con el derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas, la difusión del pensamiento político y social del sistema democrático y su profundización".
En definitiva, con este reparto de fondos públicos se trata de "contribuir a la implantación y arraigo de la cultura democrática en la sociedad catalana", según la orden de convocatoria que hace públicas estas ayudas, algo que seguramente se antoja muy necesario a tenor de las imágenes que ofrecen las calles de Barcelona cuando se producen protestas ciudadanas de carácter político.
De esta manera los partidos políticos de Cataluña, como ocurre en el resto de España, no sólo se financian con dinero procedente de los impuestos de los ciudadanos para su actividad política ordinaria y sus campañas electorales, sino que ni tan siquiera esas otras actividades de calado intelectual organizadas por sus fundaciones son capaces de asumirlas con las aportaciones de sus afiliados o los ingresos comerciales provenientes de su producción literaria o cultural.