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Funcionarios: una fuerza laboral de élite con los peores incentivos

Los servidores públicos destacan entre sus pares antes de trabajar para el Estado; luego, el sistema los engulle.

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Este jueves, Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, desataba la polémica cuando aseguraba que los funcionarios debían empezar a olvidarse "del cafelito y de leer el periódico" y ser más productivos. Inmediatamente se sucedieron las reacciones y los foros de internet se llenaron de defensores y detractores de los empleados públicos (con ventaja para estos últimos en muchas ocasiones).

Llama la atención que ésta sea la imagen que se tiene del funcionario público en España. Imaginemos (por poner un ejemplo) a un joven de 23 años que, tras acabar la carrera de Derecho con unas grandes notas, decide hacer la oposición de Inspector de Hacienda o Abogado del Estado. Probablemente, tarde 4 ó 5 años en aprobar los exámenes y, cuando lo haga, lo habrá hecho en dura pugna con varios miles de competidores. ¿Cómo puede ser que tenga tan mala prensa un cuerpo formado por gente que es capaz de sacrificar varios años de su mejor juventud en una tarea tan ingrata y dura como estudiar unas oposiciones? ¿Qué ocurre: que ese inspector de Hacienda, trabajador e industrioso durante la carrera y la oposición, se convierte por arte de magia en un vago según aprueba los exámenes?

La realidad es que los funcionarios están entre los mejores de su especialidad. Profesores, policías, médicos o inspectores de Hacienda: todos ellos han pasado unas durísimas pruebas, superando a otros muchos jóvenes que querían su mismo trabajo. Pero luego, las clínicas o los colegios privados ofrecen un mejor servicio y de forma más eficaz que sus competidores públicos. Y claro, la pregunta es evidente, ¿es culpa de la persona o del sistema?

Las cifras de la función pública

Según el boletín del Registro Central de Personal en España hay 2.690.009 personas al servicio de las administraciones públicas españolas. De éstos, funcionarios propiamente dichos son 1.653.498 sumando Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y universidades. El resto hasta los 2,69 millones de empleados públicos, se reparte entre personal laboral y el denominado "otro personal". Además, a estos trabajadores hay que sumar el medio millón de "empleados fantasma" que trabajan para el sector público (fundamentalmente empresas y otro tipo de entes no controlados por el Registro Central de Personal).

  • Funcionarios tipo A1: doctores, licenciados e ingenieros superiores
  • Funcionarios tipo A2: diplomados, ingenieros técnicos
  • Funcionarios tipo B: técnicos superiores (FP)
  • Funcionarios tipo C1: bachilleratos
  • Funcionarios tipo C2: graduados escolares
  • Funcionarios tipo E: certificado de escolaridad

Unos exámenes muy duros

La preparación para unas oposiciones oscila entre los 9 meses (especialmente en las de tipos C y E) y los 8 años para abogados del Estado, cuerpo de registradores o jueces. En 2008 la Administración española sacó a oposición 35.895 puestos de funcionarios y se calcula que se presentaron unas 500.000 personas para cubrirlos. Esto significa que, por cada nuevo funcionario, casi 14 aspirantes quedan fuera.

Además, del coste del tiempo que han de emplear para sacar la oposición, los aspirantes gastan en ayuda a la formación y libros de texto. Para oposiciones duras, como pueda ser la del cuerpo de Notarios o Registradores, el material de estudio puede sobrepasar los 1.000 euros y el gasto en preparadores y academias asciende a 12.600 euros (para una media de 7 años de oposición). En cuanto al cuerpo de diplomático, los preparadores son más caros y su coste puede ascender a los 24.000 euros (coste total para una media de 5 años de preparación). Es decir, que los funcionarios que logran conseguir su plaza, son especialistas con una amplia formación y una alta cualificación para ejercer su puesto de trabajo.

Todos estos datos tienen su mejor reflejo en las estadísticas de aprobados por oposiciones. Por ejemplo, una persona que comience abogado del Estado, a los cinco años sólo tiene un 20% de posibilidades de haber aprobado; por el contrario, un 16% aún sigue presentándose y un 64% ha abandonado. Por lo tanto, los que aprueban no son sólo los más preparados, sino también los más constantes.

Situación de los opositores a los cinco años (fuente: www.manuelbagues.com)

La respuesta está en los incentivos

La pregunta que muchos pueden hacerse es ¿cómo puede ser que un colectivo tan preparado esté tan mal valorado por grandes sectores de la sociedad? La respuesta es que el problema no es de los funcionarios, sino del sistema en el que trabajan. La mayoría de los incentivos que acompañan a la función pública perjudican a los buenos empleados y benefician a los malos.

De hecho, viendo como está estructurada la Administración, lo milagroso es que siga funcionando. Algo que, como recuerda un portavoz de Fedeca (Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado), ocurre fundamentalmente gracias a que la mayoría de los funcionarios siguen siendo "grandes profesionales" pese a todo lo que les rodea.

Sueldos y régimen disciplinario

La estructura salarial de la función pública determina que el sueldo esté asociado al puesto, no al trabajador. Esto lo que significa es que, a partir de un determinado nivel, un funcionario no puede ganar más (exceptuando los trienios por antigüedad, que son una parte pequeña del total del salario) por muy bien que lo haga. Todas las escalas de la administración están capadas por arriba, lo que desincentiva a los mejores empleados.

Aunque hay una parte del sueldo de los funcionarios que se fija en función de un concepto denominado "productividad", lo cierto es que esto es un brindis al sol. Los sindicatos presionaron desde el principio para que este tipo de complementos fueran iguales (o muy parecidos) para todos los trabajadores de la misma escala o nivel. Por eso, la realidad que se ha impuesto es que tanto los vagos como los cumplidores acaban cobrando casi lo mismo.

Esta estructura salarial se complementa con un régimen disciplinario prácticamente inexistente. La razón por la que no se puede despedir a un funcionario es para defenderlo del capricho de los políticos. Si fuese posible echar a un trabajador público, entonces la administración no sería neutral (como en teoría debería ser), sino que estaría en manos del gobierno de turno.

El problema es que este sistema, que tiene una lógica para salvaguardar la figura del empleado público y su servicio al ciudadano, se ha pervertido. Un alto funcionario de la administración central, con varios trabajadores a su cargo, lo define así: "No puedo subir sueldos, ni bajarlos, ni echar a nadie, ni siquiera puedo abrir un expediente sancionador. ¿Qué armas tengo de gestión de personal?". Este funcionario de nivel 30 reconoce que la gran mayoría de sus subordinados son "grandes trabajadores y cumplidores más allá de sus obligaciones". Son una ínfima minoría los que pueden asociarse con el tópico del funcionario que llega tarde y pasa de todo. Pero el sistema es "tan garantista" que "para echar a un funcionario tiene que matar a su jefe... y con testigos".

Las consecuencias

La primera consecuencia de este tipo de sistema es que algunos de los mejores funcionarios, muchos de ellos con verdadera vocación de servicio público, acaban yéndose. Esto es especialmente cierto en los cuerpos superiores de la Administración Central del Estado. En algunos de ellos el nivel de excedencias está alrededor del 30% (es decir, uno de cada tres ha dejado su puesto para buscarse la vida en la empresa). A partir de los 40 ó 45 años, una vez que ya ha llegado a su nivel máximo, su única opción para ganar más es que el Gobierno le nombre para un puesto de designación política (director general, subsecretario...) o irse al sector privado.

Como explican desde Fedeca, "los consejos del Ibex están llenos de exfuncionarios" (Pablo Isla, abogado del Estado y presidente de Inditex podría ser un gran ejemplo). Los despachos de los ministerios están llenos de historias de trabajadores del sector público que cobran en el sector privado mucho más por puestos de menor responsabilidad. El tope máximo impuesto por la normativa hace que el abanico salarial sea mucho menor en la administración que en las empresas, lo que desincentiva especialmente a los niveles más altos.

Pero no es sólo una cuestión de salarios. La Administración ha ido acumulando cada vez más funciones y una consecuencia es que, como explica otro alto funcionario, "de tanto abarcar, aprieta muy poco en las actividades propias del Estado". Las dietas de los viajes son "miserables" (en palabras de un empleado que las ha cobrado en muchas ocasiones), las noticias sobre policías y guardias civiles que se pagan el material de su bolsillo no son infrecuentes y los jueces y los fiscales están hartos de llevarse enormes carpetas llenas de papeles a casa para finalizar allí los casos (lo que tiene dos derivadas: que muchos de estos funcionarios tienen que trabajar en su tiempo libre y que la administración de justicia está lejos de integrarse en la sociedad de la información en pleno siglo XXI).

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