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La UE suspende una reunión con Argentina y estudia represalias

José Manuel Durao Barroso asegura que está "seriamente decepcionado" por la decisión de Argentina.

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La Comisión Europea ha tachado este martes de "ilegal" la expropiación por parte de Argentina de la petrolera YPF, filial de la española Repsol, y ha anunciado que está estudiando "todas las opciones posibles" de represalia contra esta decisión.

Como primer paso, el Ejecutivo comunitario ha decidido, tal y como había pedido España, suspender la reunión del comité de cooperación entre la UE y Argentina, un foro creado en el Acuerdo Económico de 1990 y en el que se discuten las relaciones bilaterales.

"Entendemos que la expropiación contemplada es ilegal en la medida en que se produzca sin compensación adecuada, justa y rápida", ha dicho la portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde. El comisario de Comercio, Karel de Gucht, tiene previsto enviar una carta a su homólogo argentino en la que le reiterará las "serias preocupaciones" de la UE sobre este caso.

"Debido al clima que se ha creado por esta situación, la Comisión Europea ha decidido posponer el comité conjunto UE-Argentina, que estaba prevista para el 19 y 20 de abril", ha anunciado la portavoz.

"Mientras tanto, y a petición del presidente, José Manuel Durao Barroso, la Comisión está estudiando, en estrecho contacto con las autoridades españolas, los próximos pasos y analizando todas las opciones posibles disponibles", ha explicado.

La portavoz ha eludido desvelar cuáles son las opciones posibles, pero ha recordado que el Tratado de Lisboa convierte en "competencia exclusiva" de la UE la protección de las inversiones comunitarias en el extranjero.

No se puede adoptar ninguna represalia comercial

Pese a estudiar las medidas a tratar, la Comisión Europea avisa que ni la UE ni España pueden adoptar medidas de represalia comercial contra Argentina, como limitar sus exportaciones, como respuesta a la expropiación de la petrolera YPF, filial de la española Repsol, porque ello incumpliría las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El único recurso que le queda a España y a Repsol, según Bruselas, es acudir a la justicia o pedir un arbitraje internacional que sea vinculante para las partes. No obstante, el Ejecutivo comunitario cree que si Argentina sigue adelante con la nacionalización, los inversores huirán del país y que no es necesario tomar este tipo de represalias.

"Para poder adoptar sanciones contra Argentina por el caso Repsol deberíamos demostrar que hay una vulneración de las reglas de la OMC", ha explicado un funcionario del departamento de Comercio de la Comisión. "Nuestro análisis preliminar es que esta expropiación no está cubierta por ninguno de los compromisos que ha asumido Argentina en el marco de la OMC", ha resaltado.

El único marco legal que permite una respuesta a la expropiación de YPF es el acuerdo bilateral de protección de inversiones entre Argentina y España. Pero tampoco este tratado permite a España imponer sanciones comerciales a Buenos Aires que afecten sólo a los flujos bilaterales.

Durao Barroso, "seriamente decepcionado"

José Manuel Durao Barroso, se ha declarado "seriamente decepcionado" por la decisión de Argentina. "La Comisión Europea ya había transmitido sus preocupaciones al Gobierno de Argentina y habíamos enfatizado la necesidad de soluciones de mutuo acuerdo que no dañaran el clima de negocios. Por ello, estoy seriamente decepcionado por el anuncio de ayer", ha dicho Barroso en rueda de prensa.

"Esperamos que las autoridades argentinas respeten sus compromisos y sus obligaciones internacionales, en particular los que resultan del acuerdo bilateral de protección de inversiones con España", ha resaltado el presidente del Ejecutivo comunitario.

Debate urgente en el Parlamento Europeo

Por otro lado, el Parlamento Europeo debatirá este miércoles la expropiación y votará el viernes una resolución en defensa de los intereses empresariales europeos en el extranjero.

La mayoría de la Eurocámara ha votado a favor de introducir este asunto en la agenda tras una proposición del presidente del Partido Popular Europeo, el francés Joseph Daul, que ha recibido el apoyo del otro gran grupo político del hemiciclo, la Alianza de socialistas y demócratas europeos (S&D).

 

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