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El Gobierno agrupará ayuntamientos y pondrá la lupa en CCAA

El Gobierno tiene el boceto de su plan de reordenación del Estado. La reforma verá la luz en mayo. Los ayuntamientos "débiles" serán agrupados.

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El Gobierno incluyó en su Programa Nacional de Reformas las líneas maestras de su plan para acabar con duplicidades y solapamientos en la administración pública. Para conseguirlo, se procederá a la eliminación de empresas en las que el Estado tiene mano, organismos reguladores y otros entes. En el documento presentado por Luis de Guindos, se determina el diagnóstico y la hoja de ruta a seguir, si bien el Ejecutivo pondrá encima de la mesa todas sus cartas a primeros del mes próximo.

Este documento, junto con el Programa de Estabilidad 2012-2015, será remitido a las instituciones europeas para confirmar que el país podrá cumplir con el objetivo de déficit público, situado en el 3% para el año que viene. Con un dato real del 8,5%, herencia camuflada del anterior gabinete, el Gobierno es consciente de la dificultad de conseguirlo, pero a ello se comprometió un día más, en voz de Soraya Sáenz de Santamaría.

La reordenación del Estado es una pieza angular para poder alcanzar esa meta, en opinión del Gobierno. En ello lleva trabajando, sin descanso, desde que se hiciera con las riendas de la situación, creando grupos de trabajo para poner fin a la maraña administrativa. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en colaboración con la vicepresidenta, pilota la operación.

En menos de quince días se conocerá el resultado, aunque el Gobierno ya pone el punto de mira en los consistorios. De hecho, en los papeles remitidos a la UE, avanza que se producirá una "agrupación" de municipios "en función de población" que no tengan una capacidad económica para valerse por sí mismos. También se procederá a una delimitación de competencias y se pondrá coto a su financiación.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió que el número de ayuntamientos es excesivo, y que "es ahí donde se van a ir centrando las medidas". Ante lo peliagudo del asunto, el Gobierno estudia la posibilidad de que sean los propios consistorios los que se acojan al plan de agrupación.

Con especial cuidado se aborda también la eliminación de organismos reguladores, así como de empresas públicas y fundaciones. Bajo la premisa de "extinción, desinversión, liquidación o fusión", la vicepresidenta se está encontrando con "verdaderos escándalos", según las fuentes consultadas. "Se cometían tropelías. Órganos de dirección con más gente que trabajadores, y así con todo", exponen. El Gobierno está analizando todas las posibilidades, incluyendo la posibilidad de privatizar las entidades más potentes.

Pero si una administración va a ser especialmente vigilada ésa es la autonómica. No se tocará el tronco del modelo, pero sí sufrirá modificaciones. No habrá, como sugirió Esperanza Aguirre, devolución de competencias, pero sí una poda en todo aquello que también gestione el Estado o los Ayuntamientos. El coto es tal que, incluso, se informa a la UE de la nueva regulación para las televisiones autonómicas, que podrán pasar a ser privadas y que tendrán un límite máximo de gasto anual.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Guindos no se anduvo por las ramas, admitiendo que la "principal fuente" de desconfianza fuera se debió al desvío de las cuentas de los Gobiernos autonómicos. Se dudó, incluso, "sobre la capacidad de control" del Ejecutivo central. La incapacidad para financiarse y las facturas millonarias en los cajones son la guinda, según el ministro.

La ley de Estabilidad, que esta semana pasó el último filtro del Senado, será la herramienta de control. De hecho, se insiste en que Hacienda ya tiene un plan de intervención -con todos los pasos previos establecidos- si las comunidades no presentan planes reales de saneamiento para cumplir con el 1,5% de déficit -la fecha límite es el próximo lunes-. En Moncloa ven factible actuar en Comunidad Valenciana y Andalucía. En el segundo caso, se apuesta por enviar a una delegación para auditar las cuentas y comprobar si las cuentas son reales o falsas.

Unos pasos que se irán dando, todos ellos, el próximo mes, y con los que el presidente pretende recuperar la confianza, y que ésta se traslade a los mercados. El propio Mariano Rajoy dará cuenta de las medidas emprendidas y en camino antes de verano en Bruselas, donde espera recibir el plácet de las instituciones a su plan de reformas.

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