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Cristina Losada

¡Que viene el lobo!

Tras apreciar propósito de enmienda en las cuentas autonómicas, Hacienda ha pasado del rugido al ronroneo y la intervención ha mudado de estatus: de muy posible a muy improbable.

Cristina Losada
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Como las autonomías han sido las ovejas negras de la familia, el Gobierno les hizo una inusual llamada al orden presupuestario. Sacó lo nunca visto, ese bastón de mando estatal que se guarda bajo diecisiete llaves, y amenazó con usarlo. La que se desviara, incumpliera, titubeara, iba a ser intervenida con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en una mano y el artículo 155 de la Constitución en la otra. Palabras mayores. Jamás las habían pronunciado quienes tienen la potestad de pasar del dicho al hecho. Pero se profirieron con tal contundencia, que el Ministerio de Hacienda parecía un Moisés advirtiendo al Faraón de las diez plagas. Pues no. Tras apreciar propósito de enmienda en las cuentas autonómicas, Hacienda ha pasado del rugido al ronroneo y la intervención ha mudado de estatus: de muy posible a muy improbable.

Creo que el ministro Montoro ha malgastado un cartucho. Ciertamente, si las autonomías se atienen a las reglas fiscales, no hay razón para el castigo. Pero presumir de antemano que mantendrán el rigor presupuestario y no será preciso imponérselo, sólo puede diluir el efecto disciplinario de la amenaza. Añádase la letra de la Ley. Los trámites para aplicar "medidas coercitivas" son tan prolijos, con tan largos plazos, segundas oportunidades, ir y venir de papeles y comisiones, que las díscolas aún se pueden ir de juerga antes de reformarse. En el cuento del pastorcillo que gritaba ¡que viene el lobo!, finalmente aparece el lobo; en éste, llega un requerimiento. Se barrunta que acaso, tal vez, la primera en recibir el papelito sea una autonomía de color azul, con el fin de evitar acusaciones de partidismo y escenas victimistas. Hombre, más vale que merezca el escarmiento. De lo contrario se certifica que la intervención depende de criterios políticos, no técnicos.

Se ha pedido responsabilidad a las comunidades. Bien. Pero es el Gobierno de la Nación quien tiene la obligación de velar por el interés general. Se culpa a las autonomías del desmadre del gasto. Correcto. Pero los gobiernos nacionales dejaron hacer. A fin de cuentas, las comunidades también son parcelas de poder, graneros de votos, sede de baronías con peso en los aparatos, feudos de partidos nacionalistas a los que se desea cortejar. Y ahora que un gobierno, por no quedarle otra, exhuma el bastón de mando, resulta que enseguida lo vuelve a enterrar. Igual cree en los poderes de la varita mágica.

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