Criticamos en su momento al presidente Zapatero cuando decidió comprar deuda pública española con la hucha de las pensiones. Hoy criticamos la intención del presidente Rajoy, de que la deuda pública llegue a comprometer la totalidad de la hucha
Conviene afirmar desde el principio, que las pensiones no son el resultado de la magnanimidad del Estado, ni siquiera una muestra de eso que llamamos Estado del Bienestar. Las pensiones son el resultado de una relación contractual, aunque sin libertad para elegir, por la cual, una persona asegura, mediante el pago de un precio –llamémosle prima o cotización– con una entidad, Estado –podría ser una compañía privada– la percepción de una pensión, en unas condiciones de aportaciones presentes y de percepciones futuras predeterminadas.
Así las cosas, el Estado no es otra cosa que un administrador de aquellas aportaciones de los particulares, asumiendo la responsabilidad de cumplir con las condiciones pactadas para el pago de la pensión estipulada. Estamos pues ante una operación de seguro, entre un asegurador y un asegurado. Si la operación la realizase cualquier entidad privada, se le obligaría a mantener una reserva matemática en valores reales o financieros, que ningún momento pudieran depreciarse, pues ello pondría en peligro el cumplimiento de la obligación asegurada. En otras palabras, se trataría de capitalizar las pensiones futuras, cuyos derechos se van generando con cada aportación realizada.
En España, el sistema público de pensiones, con renuncia a ese principio de capitalización, ha optado por el sistema de reparto, según el cual, la aportación de hoy, no constituirá un capital para pagar su pensión futura, sino que se dedicará a satisfacer las pensiones de los pensionistas actuales. Es la presunción necia de suponer que el Estado jamás quiebra, por lo que nunca carecerá de garantías, cuando la historia tiene bien constatado el principio contrario.
Lógicamente, cualquier cambio en las contribuciones, en la esperanza de vida de los asegurados, o en la estructura de la población, puede, en este caso, hacer imposible la satisfacción de la pensión asegurada. Por ello, la prudencia aconseja que, en épocas de euforia económica, cuando las contribuciones superan a las pensiones, se atesore ese excedente, para atender con él a las obligaciones en períodos de depresión, con insuficiencia de aportaciones.
La buena administración del excedente obliga, ante todo, a asegurar el sostenimiento del valor, pues de ello dependerá la seguridad relativa de la pensión en momentos difíciles para el sistema. Criticamos en su momento al presidente Zapatero cuando decidió comprar deuda pública española con la hucha de las pensiones. Hoy criticamos la intención del presidente Rajoy, de que la deuda pública llegue a comprometer la totalidad de la hucha –Zapatero comprometió el noventa por ciento–. Es bien cierto que entre el noventa y el cien por cien, hay poca diferencia, pero el gesto de disponer del fondo para los intereses del Estado, que puede no coincidir con el de los pensionistas, sí que tiene importancia.
