El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este jueves tuvo como principal punto del orden del día reñir un poquito a las autonomías más díscolas en el cumplimiento de sus compromisos presupuestarios. Cristóbal Montoro pidió por favor a los consejeros autonómicos un poquito de mesura en el dispendio, a ver si con un poco de suerte llegamos a fin de año con una desviación manejable del objetivo de déficit, descontando ya que las comunidades no tienen pensado ajustarse al 1,5 por ciento previsto.
La propuesta de mantener el objetivo de déficit autonómico para este año, con pequeñas reducciones en 2012 y 2013, se saldó con el voto en contra de Andalucía (3 canales públicos de TV), Asturias (3 canales), Canarias (otros 3 canales) y Cataluña (subcampeona mediática con 7 canales de televisión autonómica, a tan sólo uno del País Vasco). Por su parte dos comunidades gobernadas por el PP, Extremadura (1 canal autonómico) y Castilla León (2 canales de TV), se abstuvieron en la votación.
El resto de comunidades autónomas, todas del PP, se sometió a la exigencia del ministro votando a favor de la prudencia presupuestaria, lo que no supone un compromiso añadido de restricción para no exceder el déficit fijado, sino tan sólo un gesto formal para aliviar el sofoco del pobre Montoro, que de tanto amenazar con intervenir a las comunidades más descocadas ha acabado provocando cierta ternura en los consejeros que han de soportar sus sermones periódicos.
La conclusión de este Consejo que se anunciaba apocalíptico es que las comunidades autónomas no están dispuestas a prescindir de funciones básicas como las televisiones públicas, las embajadas en países exóticos o las direcciones generales dedicadas a combatir el cambio climático. Tampoco se les ve demasiado interesadas en suprimir las fundaciones, observatorios y empresas públicas en las que trincan grandes sueldos toda una legión de enchufados. La casta autonómica se ha declarado a sí misma ajena a la crisis y el Gobierno es incapaz de levantar esa inmunidad presupuestaria, a pesar del mayor sufrimiento que esta desvergüenza generalizada está provocando en los contribuyentes con bajadas de sueldo, reducciones de subsidios y aumento de impuestos.
Los populares temen el "otoño caliente" que se les avecina, pero su gesto no es la censura de una respuesta que creen injustificada, sino el lamento impotente del que conoce la perversidad de sus acciones. Han traicionado a sus votantes, los únicos que podrían apoyarle en este embate. En septiembre que los defienda la diputada Fabra.