Entre las medidas adoptadas dentro de su programa de reformas, el Gobierno anunció ayer la aprobación del anteproyecto de una nueva Ley de Costas que servirá para modificar el actual entramado legislativo, fuente de la grave inseguridad jurídica que afecta a todo nuestro litoral.
Con la anterior ley de 1988, los propietarios legítimos de viviendas cercanas a la costa perdieron su titularidad para convertirse en simples usuarios de una concesión administrativa limitada en el tiempo. La inmensa mayoría de los casos afectados por esta norma no fueron precisamente viviendas de lujo o urbanizaciones de alto nivel, sino barriadas modestas de pescadores, cuyos dueños se vieron privados de hacer uso legítimo de su propiedad puesto que la ley prohibía expresamente su enajenación. Con esta nueva ley se revertirá a los dueños de estas viviendas su pleno dominio por un plazo de 75 años, dentro del cual podrán ejercer su derecho de propiedad en la forma que consideren oportuno.
Pero la legislación costera en un país como España, receptor cada año de millones de turistas que llegan atraídos por su clima y sus playas, necesitaba además de una profunda reforma que garantice la hostelería en las zonas costeras, gravemente perjudicada en los últimos años por las decisiones administrativas del anterior gobierno. Es conocido el caso de las playas del sur de país, donde las decisiones sectarias de los responsables del anterior Ministerio de Medio Ambiente arruinaron a miles de modestos empresarios, que tuvieron que cerrar sus pequeños negocios hosteleros con la pérdida de puestos de trabajo que ello trajo aparejado. A partir de ahora, los propietarios de los famosos "chiringuitos" tendrán asegurada su permanencia siempre que cumplan los requisitos básicos marcados con anterioridad, lo que sin duda influirá en sus decisiones empresariales a medio y largo plazo, incluidas las de creación de nuevos puestos de trabajo que es lo más esencial para el país dada la situación actual.
Junto a esta clarificación de los títulos de propiedad y la garantía de su libre ejercicio dentro de los cauces legales establecidos con carácter general, la nueva norma elaborada por el Gobierno de Rajoy introduce una salvaguarda que permitirá a la Administración central anular aquellos acuerdos municipales que vulneren flagrantemente las restricciones del dominio público del litoral, con el caso de la construcción del hotel almeriense "El Algarrobico" –por cierto, autorizada por un ayuntamiento y una comunidad autónoma ambas socialistas-, como ejemplo del despropósito paisajístico y medio ambiental en que pueden incurrir las administraciones autonómica y local, cuyas consecuencias resulta difícil de enmendar una vez se ha consumado el proyecto.
La nueva Ley de Costas acabará de paso con la indefinición jurídica que tanto ha perjudicado la imagen de España en el exterior, con miles de damnificados extranjeros que compraron su vivienda con todos los permisos exigidos, para darse posteriormente de bruces con el hecho de que su propiedad estaba en cuestión por la propia administración que expidió esas autorizaciones, un abuso del que, para nuestra vergüenza, se hicieron eco en su día los organismos correspondientes de la Unión Europea.
La seguridad jurídica es esencial para el desarrollo económico de cualquier país. Con su menoscabo, las decisiones de inversión tanto de nacionales como de extranjeros se retraen o buscan otros destinos en los que sus propiedades y negocios estén plenamente garantizados. La nueva Ley de Costas, por más que la vulgata eco-marxista ponga el grito en el cielo, confirma esa seguridad jurídica, defiende el interés de los ciudadanos y protege el bien público que constituye nuestro litoral. Ojalá todas las decisiones recientes del Gobierno de Rajoy se hubieran adoptado bajo las mismas premisas.