La Constitución de 1978, en lo económico, tenía una fuerte carga de intervencionismo económico, a causa del papel que en el mundo, en parte como herencia de Keynes y su grupo de Cambridge, pasó a tener el que se podría denominar mensaje socialdemócrata. La huida de la economía libre de mercado y el peso de la planificación económica se observa, por ejemplo, en el artículo 131 de la Constitución de 1978. Pero ese artículo, que dice exactamente "el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.- El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley", frena evidentemente que las políticas económicas de las autonomías puedan chocar las unas con las otras y con la "planificación económica" del conjunto del Estado. Dejando aparte que nunca se constituyó el Consejo del que se habla en ese artículo, es evidente que tiene que existir una auténtica solidaridad en el conjunto de la política económica española, precisamente con el juego de las autonomías. Esto obliga a éstas, en primer lugar, a vigilar sus haciendas, para que al revés de lo que está sucediendo, el gasto público autonómico no se convierta en un agente de un déficit intolerable del sector público nacional. Las emisiones de deuda pública autonómica prácticamente no deberían existir, y en último caso tendrían que tener unas cuantías muy escasas y, por tanto, unos tipos de interés muy reducidos como consecuencia, además, de su seguridad.
A esto debe añadirse que la política económica de las autonomías no debe inmiscuirse, de modo dispar en unas y otras, en la marcha de la política económica. Si no se hace eso, se rompe el mercado nacional, con daño instantáneo para la productividad y, con ello, para la competitividad.
La actual política económica comienza, con protestas evidente, a marchar por ese sendero de rectificación radical del comportamiento autonómico, tal como se ha tolerado hasta ahora. Es el único que puede servirnos para superar el problema autonómico.