El doble juego de PSOE e IU, procurando que la confrontación con el gobierno nacional oculte sus impagos y sus necesidades de dinero, está a punto de terminar.
Andalucía tiene que hacer frente en el segundo semestre a vencimientos por más de 1.600 millones de euros, 112 en el tercer trimestre y nada menos que 1.497 millones en el último trimestre del año. A pesar de que el gobierno de la Junta puede aguantar hasta el momento, pocos dudan de que el gobierno Griñán tendrá que recurrir al fondo de rescate para hacer frente al gran pago pendiente de finales de 2012.
Aunque el caso andaluz no es tan grave como el de Cataluña o la Comunidad Valenciana, que deberán hacer frente a vencimientos de sus deudas este semestre por importe de casi 6.000 y 3.000 millones respectivamente, Andalucía se encuentra en situación de peligro. A pesar de los discursos, ya se admite que además de Valencia y Murcia, Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha, como mínimo, estudian pedir ayuda.
La deuda de las Comunidades, un crecimiento imparable
145.118 millones de euros era la deuda acumulada por lasa Comunidades Autónomas al final del primer trimestre de 2012, lo que supuso un aumento del 15,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra era de 125.382 millones. Según el Banco de España la proporción de la deuda sobre el PIB alcanzó el 13,5%, frente al 11,9% de hace un año y el 13,1% del trimestre anterior.
Las comunidades que más deuda acumulan son Cataluña, Madrid y Valencia, seguidas por Andalucía. La semana pasada, la Comunidad Valencia ya anunció su adhesión al fondo de rescate, seguida por Murcia poco después. Cataluña, Andalucía, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura pidieron la existencia del Fondo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera si bien no quieren admitir los controles que impondrá el gobierno.
A esta deuda hay que añadir la deuda pública general que sólo bajo el último gobierno Zapatero y debido a su política de expansión del gasto público aumentó en más de 300.000 millones de euros.
La asfixia de los impagos inunda Andalucía
Aunque la Junta de Andalucía tiene una dilatada experiencia en transferir las responsabilidades al gobierno central cuando las cosas van mal, esta vez los ciudadanos no parecen dispuestos a escuchar la nueva versión de la confrontación orquestada por Griñán, el PSOE e IU. De hecho, los impagos reales que se producen en la comunidad se relacionan directamente con la Junta que es la que, cuando las cosas iban mejor, se apuntaba los tantos del "gasto social".
Sólo en el transcurso de este mes, las manifestaciones y protestas han sido numerosas. La comparación de estos impagos con gastos de cooperación internacional, intermediados por los sindicatos sobre todo, han devenido en escándalos mayúsculos.
Mientras el PP motejaba a consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, de "doctorada en impagos", los discapacitados anunciaban movilizaciones contra la morosidad de la Junta. Ante la sede de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía en Sevilla se manifestaban trabajadores y usuarios para reclamar el impago de tres meses por parte del Gobierno andaluz. Incluso al I+D de la Universidad de Cádiz afecta la morosidad de la Junta que adeuda a la misma nada menos que 43 millones de euros.
A pesar de su recurso a la confrontación, los hechos son tozudos. La Junta también impaga a los abogados que prestan los servicios de asistencia gratuita. Tampoco paga a los centros de mayores, ni a minusválidos de los centros especiales de empleo, que se manifestaron asimismo ante la consejería
Incluso peligran los servicios educativos del próximo curso por los impagos de la Junta, que advierte a los proveedores de los gastos suscitados por la Ley de Dependencia que no podrán afrontar los pagos. Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual están llevando a cabo encierros, concentraciones y caravanas para protestar contra la morosidad de la Junta.
La lista de empresas, entidades y colectivos que denuncian impagos por parte de la Junta de Andalucía crece día tras día. El desplome de los ingresos y el cumplimiento del objetivo de déficit están provocando que la Administración autonómica no pueda cumplir los compromisos asumidos en su día. Los acreedores se multiplican mientras el dinero sigue sin llegar.
La confederación de empresas privadas de formación de Andalucía (Cecap-A) reclama a la Junta que abone entre 40 y 60 millones de euros que adeuda a sector. Representantes de cuatro empresas y veinte familias se concentraban a las puertas de la Delegación del Gobierno en Granada para reclamar a la Junta seis millones de euros pendientes de pago por las expropiaciones del metro de Granada en el tramo comprendido entre Albolote y Maracena.
Para terminar, una decena de empresarios se encerraban en el edificio de Innovación de Rabanales 21 que ellos mismos construyeron. La promotora les adeuda dos millones de euros y la crispación llevó a José Miguel García, uno de estos empresarios, a realizar una huelga de hambre y a simular su crucifixión. Los socios de Rabanales 21 son la entidad financiera Cajasol, la Junta y la Universidad.