Los propietarios de licencias de taxi desconvocaron ayer la jornada de huelga prevista para el primer día de agosto, tras una reunión con los responsables del Ministerio de Fomento en la que finalmente se atendieron sus peticiones. El acuerdo se alcanzó un día después de la marcha organizada por el gremio, en la que sucedieron diversos altercados con daños para algunos vehículos de profesionales que ejercieron su derecho a trabajar, saldados con la detención de cinco de los implicados.
El origen del conflicto estaba en la pretensión del gobierno de liberalizar las condiciones en las que se presta el servicio de alquiler de coches con conductor, similar al que realizan los taxistas, que hasta este momento estaba fijado en una proporción de uno por cada treinta licencias de taxis. Tras la última reunión mantenida por el Ministerio responsable y los representantes del sector, finalmente esta traba institucional seguirá vigente, un triunfo para los actuales poseedores de licencias de transporte de viajeros por taxi que de esta forma han visto preservada su actual regulación, razón por la cual la huelga prevista ha quedado formalmente desconvocada.
En situaciones como estas, en las que el Estado regula el régimen de una determinada actividad empresarial, resulta complicado dirimir la lógica disputa entre los que detentan un derecho en exclusiva y aquellos que pretenden acceder a ese sector productivo en virtud de la necesaria liberalización de los distintos sectores económicos. Es lo que ocurre en tantos ámbitos de nuestro mercado, extraordinariamente intervenido, cuando un gobierno pretende abrir las posibilidades de una mayor competencia en un contexto de crisis económica que agudiza los perfiles polémicos de decisiones de este calado.
Sucede que aquellos agentes que entraron en un determinado sector productivo lo hicieron en virtud de un marco legal cuya modificación les resulta lesiva, especialmente si se hace en entornos que requieren una capitalización importante como las energías renovables, cuya nueva regulación ha perjudicado notablemente a pequeños empresarios que realizaron ese gasto confiando en unas garantías que ahora el Gobierno no puede mantener. En el taxi ocurre lo mismo y cualquier modificación de las condiciones actuales ha de ser necesariamente polémica si no se prevé un escalonamiento progresivo, que permita a los actuales operadores adaptarse a la nueva situación sin perjuicios excesivos. Ese ha sido el principal error del Gobierno en este asunto, que desvirtúa el acierto de su decisión de introducir nuevas liberalizaciones en los sectores más esclerotizados de nuestro ámbito económico.
No obstante, los taxistas no pueden exigir el mantenimiento indefinido de unos privilegios que impiden la entrada de nuevos agentes capaces de complementar ese servicio aumentando la competencia. Ese es un derecho de los ciudadanos que el Gobierno ha de atender en primer lugar y no sólo en el transporte de viajeros, sino en todos aquellos sectores en los que los beneficiarios de una autorización estatal disfrutan de una preeminencia que sirve de barrera de entrada para otros interesados.
De la hábil conjugación de ese derecho de la sociedad a una mayor competencia y el de los actuales empresarios a no resultar gravemente perjudicados, resultará el éxito de unas reformas más necesarias que nunca, en la dirección de dotar de mayor libertad a la sociedad, que el Gobierno ha de seguir introduciendo progresivamente en beneficio de todos.