El próximo 1 de septiembre unos 150.000 inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo dejarán de recibir atención médica gratuita, tras la reforma anunciada por el Gobierno para reducir el abultado gasto sanitario. Sin embargo, al menos cinco comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, País Vasco, Canarias y Cataluña) ya han anunciado que seguirán otorgando el servicio universal gratuito a los sin papeles, en contra de lo decretado por el Ejecutivo, aunque por el momento no han especificado cómo lo piensan hacer. Dichas CCAA aglutinan a más de la mitad de los sin papeles en España, informa este jueves el diario El País.
A primeros de agosto, Sanidad comunicó a las regiones cómo implementar el nuevo mecanismo de atención médica a inmigrantes irregulares, ya que son las CCAA las encargadas de ponerlas en marcha por tener transferida la competencia sanitaria. El plan del Ejecutivo establece que aquéllos que carezcan de especiales problemas de salud deberán contratar una especie de seguro médico con las Administraciones autonómicas para poder ser atendidos, cuyo coste ascenderá a 710,40 euros al año (59,2 euros al mes) para personas de hasta 64 años y de 1.864,80 euros (155,4 euros al mes) para los mayores de 65. Mientras, para los extranjeros que padecen enfermedades crónicas, Sanidad garantizó la continuidad de la atención a estos enfermos, pero anunció que pasará la factura a sus respectivos países de origen.
Los Gobiernos autonómicos que se oponen a esta medida estudian estos días cómo prepararse para seguir prestando atención médica a los extranjeros indocumentados.